Lo anterior lo señalaron en entrevistas por separado el presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex Chihuahua, Luis Carlos Ramírez y la legisladora federal Patricia Terrazas, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Publico, quienes también advirtieron que se incurre en terrorismo fiscal que solo desalienta la inversión y el empleo.
Coincidieron en señalar que, desde antes de las reformas, las leyes contenían artículos que ya tipificaban como delitos la evasión y elusión fiscal y se podía formular querellas, y no había necesidad de los cambios tan drásticos y agresivos que caen en terrorismo fiscal.
El presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex Chihuahua, Luis Carlos Ramírez dijo que aunque las autoridades dicen que van por la modificación de leyes para combatir la facturación apócrifa, la evasión y elusión fiscal, la realidad es que las modificaciones sí conllevan a penas de tipo corporal y penal por ese tipo de actividades.
Subrayó que preocupa mucho que el cambio que esencialmente lleva a los particulares a un régimen de excepción donde todo aquello que se tipifica como delincuencia organizada tiene prisión preventiva oficiosa, esto es, se le puede aprender a una persona y llevaría el proceso dentro de prisión.
Entonces aquel que si realiza una actividad real, se puede pasar en la cárcel dos o tres años, y al final, se le va a decir, “disculpe”, agregó el fiscalista.
Al final del proceso se le puede decir al empresario; se involucró usted con un negocio tipificada como empresas de facturas simuladas, pero su operación es verdadera, agregó.
Luis Carlos Ramírez indicó que eso es lo que sucede en el medio económico, de tal suerte que muchos negocios que van a dar a las listas negras del SAT, resulta que sí tienen actividades de comercio y servicio real.
Señaló que la Coparmex busca saber cómo va a garantizar el gobierno que ésto no lo va a utilizar como medio de presión, para que, la economía formal pague “lo que yo quiero, o pagas”.
Luis Carlos Ramírez dijo que la adecuación a las leyes se pueden utilizar de una manera inadecuado y, no exclusivamente, en contra de aquellos casos que efectivamente recurren a los esquemas fraudulentos, y que hoy en día pueden ser sancionados.
A continuación, se preguntó “¿ y por que no son sancionados el día de hoy.? Por qué no se aplica el día de hoy la ley con todo su rigor? y nos vemos en la necesidad de hacer un cambio que va hacer un régimen de excepción.
Subrayó que el gobierno federal está ahora en tela de juicio, ya que ahora no aplica las reglas, pero hace un cambio y la duda, y ahora es necesario saber a quién se la va a aplicar.
Recordó que en el pasado, se anunció la creación de una lista negra en el 78 B del Código Fiscal de la Federación se hizo precisamente para que los contribuyentes pudieran identificar qué empresas no están haciendo bien las cosas, o las que se presume, realizan actividades proscritas en materia fiscal.
Pero resulta ser que con el tiempo, empezaron a adicionar negocios formales, “pero por el simple hecho de que no me gusta como lo hacen, te voy a llevar a la lista negra, o cedes, o te llevo a ella”
El fiscalista dijo que las grandes empresas del país, casi todas tienen negocios de servicios totalmente justificada, pero el SAT decía “como es de servicios, a la lista negra” y se adicionaron empresas de grupos de amplia reconocida actividad comercial e industria, pero por consecuencia de mecanismos de fiscalización con animo de presionar de cobro adicional o de otros.
Señaló que esto se empezó a utilizar como mecanismo de presión para una cosa u otra, por lo que si ahora este cambio se hace con buena intención, se entiende y apoya, porque busca combatir la facturación apócrifa y la evasión y elusión fiscal.
No obstante, si mañana se empezara a utilizar como mecanismo de presión para la economía formal o contribuyente cautivo a la luz de no estoy de acuerdo con tu interpretación, y te llevó primero a la cárcel, mientras vemos si estas de acuerdo con la de gobierno.
Por ello, dijo que la orientación de los cambios, debería ser más puntual a las empresas que se decían a las actividades ilícitas y no dejar abierto la interpretación para la autoridad en turno, ya que sino es en esta administración puede venir otra y aplicar una regla diferente en contra de los empresarios y contribuyentes cautivos.
A su vez, la diputada federal Patricia Terrazas Baca, dijo que la reforma a la Ley de Extinción de Dominio y al Código Fiscal de la Federación cae en algo “súper peligroso” , por lo que ahora es más peligrosos ser empresario que ser vendedor de droga o portar un arma de fuego.
Recalcó que eso lo dice no solo como legisladora, sino como empresaria y fiscalista, para hacer ver el tamaño de los efectos de la reformas aprobadas por el Senado y que ahora tendrán que ser revisadas por la Cámara de Diputados.
Si alguien tiene pensado venir a invertir a México, pero teniendo un riesgo como el que ahora se expone, mejor se llevará su dinero a otro lado.
Esto significaría que haya menos empleo y oportunidades para los pequeños y medianos empresarios, así como ingresos para el gobierno vía impuestos.