-La lumbre de La Boquilla vista desde el confort
-Alcaldesa con mariachi de 100 mil pesos
Es sumamente difícil encontrarle cuadratura a la flamante creación de la Policía Estatal de Caminos, con todo y su grupo de élite, anunciada y puesta en marcha esta semana.
Es tal el reborujo normativo que no hay en los ordenamientos legales la existencia de tal corporación policiaca. Sin duda es patito.
Luego entonces cuáles van a ser sus facultades. ¿Van a controlar el tráfico e infraccionar por ejemplo por exceso de velocidad? O va a realizar funciones de seguridad simplemente.
La verdad es que es una mala copia de la extinta Policía Federal de Caminos y para ello estiraron demasiado la liga.
Debió en dado caso haber sido la Dirección de Vialidad y Tránsito, porque existe y tiene sus atribuciones muy claras, pero pudo más el reflector de anunciar una corporación más, que administrativamente será justificada en la forma, pero no en el fondo..
Es inexistente jurídicamente, en lo que pudiese ser una de esas medidas adoptadas sobre las rodillas para lucimiento personal.
No aparece por ningún lado en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. El artículo 151 inciso “A” es muy claro.
Es más, para colmo, existe una reminiscencia en las facultades del Secretario de Gobierno que le autorizan a ejercer y garantizar la seguridad en las carreteras dependientes del estado, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
¿Entonces? Mal y de malas, Oscar Aparicio, el titular de la CES, arrastrando consigo a un encargado de despacho que no ha terminado de convertirse en Secretario.
Como vemos en la imagen, lastimosamente un retén del nuevo cuerpo policial es la bienvenida de la nueva corporación. Más abusos, más extorsión. ¿La Guardia Nacional División Caminos será de adorno?. De bochorno y de risa.
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La decisión política dejó con los dedos en la puerta al gobierno del Estado de Chihuahua y desafortunadamente pagarán por ello más de un millón 500 mil usuarios del extinto Seguro Popular.
La confirmación oficial la dio el mismo Andrés Manuel López Obrador, en una reunión culinaria donde no había de dos sopas, sólo una: La centralización en los servicios de salud, como vía para acceder a mayores recursos, y en particular a la gratuidad.
Se han tardado en explicarlo en la administración estatal, pero ya no es necesario. Las cosas seguirán como hasta el momento, con desabasto de medicamentos, falta de personal médico y de enfermería, plazas precarias sin servicios médicos ni seguridad social, instalaciones insuficientes, etcétera, etcétera. Incluso está en riesgo la compra consolidada de medicamentos.
Ni pensar en los hospitales de la frontera que serían rehabilitados para funcionar superando la situación de abandono en obra negra en que se encuentran.
Es una cubeta de agua fría sobre las pretensiones de los gobernadores panistas que pretendían un acuerdo a medias, con recursos suficientes para prestar un servicio de salud a costillas de los ahorros federales en diversos rubros. Quisieron madrugar a un presidente que se levanta a las cuatro de la mañana.
Cumplir con el principio de gratuidad que ya obliga la ley, está verdaderamente en chino.
Llegarán los mil millones históricos del Seguro Popular y los cuatro mil millones de Servicios de Salud, más los recursos que el Ichisal pueda jalar, pero no son suficientes, menos ante la desaparición de un cuadro básico de medicamentos y la atención universal de enfermedades, en primer y segundo nivel.
La presión sobre los hospitales y el personal, por usuarios del hoy Insabi serán una loza política muy difícil de defender ante la opinión pública.
La promesa de Corral, repetida una y mil veces, de nuevo ayer en su red social, de dejar un mejor servicio de salud, es una mentira piadosa, vil y desafortunado engaño.
Dejará la salud en peores condiciones lamentablemente.
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Hablábamos de funcionarios comodinos que ven la lumbre desde el confort de la oficina en el asunto de apertura de compuertas de La Boquilla para pagar el convenio del agua con los Estados Unidos.
No podíamos pasar por alto a Omar Holguín, el flamante delegado de la Secretaría de Gobernación en el Estado, que no ha dicho esta boca es mía en el conflicto.
Hay declaraciones aisladas y no dudamos que alguna intervención vía telefónica, pero no más. Se escondió en las cuatro paredes de su amplia oficina para hacerse el occiso, mientras productores y Guardia Nacional protagonizaban una zacapela que afortunadamente no llegó a mayores.
Los cables cruzados en Presidencia de la República hablan de manipulación con fines de raja política, pero es muy difícil convencer a los agricultores de que hay suficiente agua para los ciclos agrícolas, con algunas presas, como Pico de Águila al 20 por ciento de su capacidad, o La Boquilla al 60, datos oficiales de la misma Comisión Nacional del Agua.
Queda claro que la disposición federal es pagar el agua a como dé lugar. Esas son las instrucciones. Lo de los candados violados por los productores y resguardar las instalaciones, no son más que nubes de humo, en un asunto que está que arde.
Ayer de nuevo muy temprano hizo presencia la Guardia Nacional, en posición de meros vigilantes. Tensión innecesaria. Por segundo día, Javier Corral, atendiendo el asunto vía skype, y por la tarde en reuniones de café con Conagua, como las que ya sostuvo a mediados de diciembre pasado, y que no resuelven nada.
Lo mismo harán los diputados locales sesionando en las compuertas de La Boquilla. Algo de show instruido desde Palacio de Gobierno. No estarán legisladores del PRI ni de Morena. Conocen el objetivo.
En el fondo de todo subyace incluso la ilegalidad del acta 323 de la Comisión Internacional de Límites de Aguas, por carecer de personalidad para comprometer a México en este asunto, aspecto en el cual el exgobernador Patricio Martínez ha sido insistente en que debe revisarse en lugar de dar por sentado, a ciegas, la obligación en la materia.
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Atorada por la falta de comprobación de más de 270 mil pesos se encuentra la cuenta pública 2018 de la alcaldesa de San Buenaventura, Miriam Caballero Arras.
Las observaciones que le hizo la Auditoría Superior del Estado son por unos gastos sin la debida documentación comprobatoria, entre los que sobresale el supuesto pago a un mariachi por un monto de 100 mil 340 pesos.
En ese caso se desconoce para cuál fiesta de tantas usó los servicios de los músicos la presidenta municipal, a quienes, además, contrató sin los procedimientos que deben seguirse para cualquier erogación de las arcas públicas.
El gasto además parece desproporcionado, pues ni aunque fuera uno de los mejores mariachis del país llega a ese precio.
Adicionalmente la alcaldesa priista enfrenta observaciones por gastos de representación de 176 mil pesos, en varias exhibiciones.
Tampoco son muchos los recursos que andan bailando, pero de esas erogaciones no existen las correspondientes facturas con los requisitos fiscales que marca la ley.
Las observaciones parecen menores, aún contravienen las disposiciones obligatorias para presidentes municipales y tesoreros marcadas en el Código Municipal del Estado.
La alcaldesa anda pidiendo esquina en el Congreso del Estado y en la ASE, pero ya le dijeron que va a estar en chino negociarle la aprobación, si antes no pone orden en la casa y se disciplina con el ejercicio de los recursos.