Garland anuló ayer una decisión del entonces secretario de Justicia Jeff Sessions de que los jueces no podían dejar tales casos en pausa, práctica conocida como cierre administrativo.
Los jueces de migración señalan que la práctica les permitió manejar su carga de trabajo de manera más eficiente al dejarles atender casos prioritarios y que la prohibición estaba causando más demoras en un sistema de cortes de migración de antemano sobrecargado en que las personas tienen que esperar años por una audiencia.
Para muchos inmigrantes, el cierre administrativo era un salvavidas que les protegía de la deportación mientras sus solicitudes de estatus legal eran tramitadas. Los detractores a la práctica denunciaron que los jueces dejaban que la gente permaneciera en el país más tiempo de lo debido, en una especie de purgatorio legal.
Las cortes de migración son parte del Departamento de Justicia y los jueces son empleados de esa dependencia.
Tres tribunales de apelación habían rechazado la política de Sessions, al fallar que los jueces de migración tienen la autoridad de decidir cómo manejar sus casos, escribió Garland en su decisión. Añadió que el Departamento de Justicia elabora nuevas normas para ese mecanismo, pero que por el momento queda restaurado.
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