El dictamen consiste en dotar a la autoridad municipal de las facultades necesarias para aplicar sanciones a quien realice reuniones o fiestas en sus domicilios.
Será por medio de una modificación a cinco artículos del reglamento de justicia cívica para el municipio.
Por consiguiente, se adiciona una fracción VII al artículo 37, aplicando infracciones a quien atente contra la salud pública al realizar reuniones que generen aglomeración de personas durante periodos de pandemia.
En este sentido, se hace una adición de una fracción al artículo 41 de 80 a 120 unidades y arresto de 36 horas a los propietarios de las viviendas en donde se realicen las reuniones.
Fue la regidora Catalina Bustillos quien se opuso a este dictamen, catalogándolo de una medida recaudatoria por parte del ayuntamiento.