La comunidad de San Juanito, en el municipio de Bocoyna, es la que enfrenta afectaciones mayores ya que, tan sólo en ese punto se han perdido 15 mil hectáreas de bosque de manera que, este tardaría por lo menos 100 años en recuperarse.
En este contexto de afectaciones operado por los criminales, se encuentran incluso áreas naturales protegidas como es el caso de Basaseachi, punto catalogado como tal y que a pesar de ello es “víctima” de los talamontes.
Refugio Luna García, director de Desarrollo Forestal del Estado señala que de los 7.6 millones de hectáreas de superficie forestal que componen el bosque chihuahuense, 4.2 están bajo manejo y la superficie de producción es de 1.3 millones de hectáreas. Sin embargo, la tala indiscriminada e impune ha generado pérdidas aún no cuantificadas por completo.
“La mayor parte de la superficie forestal comercial tiene autorizaciones de aprovechamiento, en algunos casos tenemos problemas de tala inmoderada como San Juanito que es el caso más dramático. Pero también en Guachochi y Ocampo se han detectado aprovechamientos ilícitos.
“En 2018 hicimos una estimación de daños y tan sólo en la zona de San Juanito encontramos una afectación de entre 13 y 15 mil hectáreas. Se están tirando todos los árboles gruesos y se dejan los que no son comerciales”.
De acuerdo con el funcionario estatal, la tala ilícita siempre ha existido con fines domésticos o de ejidos que se salían de la reglamentación, pero las cifras eran menores.
“Hay dos etapas en las que el bosque ha sido afectado fuertemente. La primera fue en 1994 cuando se hizo un cambio en la Ley a raíz del Tratado de Libre Comercio –TLC-. Para el traslado de madera se requieren guías forestales o permisos pero en 1994 con el fin de hacer que los productores fueran más competitivos se quitaron esas guías y lo único que se exigía era que la madera solo fuera marcada con un facsímil emanado de la Semarnat, eso generó descontrol y en consecuencia una devastación forestal muy grande, se descapitalizó el bosque y hubo graves daños al macizo forestal. En 1998 el gobierno retomó el tema y volvieron a exigirse las guías”.
La segunda etapa de “ataque al bosque”, se ha registrado a partir del 2014 a la fecha con pérdidas aún no cuantificadas y en donde los criminales no sólo cortan los árboles sin permiso sino que se han apoderado también de los aserraderos necesarios para procesar la madera y venderla de manera “legal”.
“En esta segunda etapa, los criminales han entrado al negocio de la madera. La situación es diferente y sobre todo en las zonas la delincuencia ha actuado diferente, ha aprovechado predios particulares que se encuentran sólos para talarlos así como otros en los que hay conflictos agrarios entre particulares y ejidos y allí llegan con los ejidatarios y los despojan de las tierras y el aprovechamiento forestal”.
El funcionario explica que la extorsión es una de las formas en las que los delincuentes actúan y que aplican con los ejidatarios para apropiarse de los permisos de explotación que estos tienen de manera que su actividad ilegal la pueden realizar de manera “legal”.
“Es un problema de seguridad, la gente tiene miedo de denunciar, en algunas zonas como Guachochi donde empezó el problema el año pasado hemos buscado que se dé la denuncia anónima precisamente por esta situación”.
De esta forma, los delincuentes han encontrado una nueva vía para generar dinero mediante la explotación irracional de los recursos naturales poniendo en riesgo no solo a las familias que viven de ello sino a la sustentabilidad del medio ambiente.