La audiencia pública se realizó ante la presencia de autoridades federales, estatales, municipales y seccionales, en la escuela primaria de la localidad de Cordón de la Cruz.
La reunión fue un llamado de apoyo y protección que las comunidades hicieron a las autoridades de los tres niveles de Gobierno, con el objetivo de contener la presión que se ejerce sobre ellos y sus territorios.
Se contó con la participación de aproximadamente 200 personas del pueblo ódami; de un grupo de población ralámuli que se suma a las denuncias; así como la asistencia de los presuntos responsables de los delitos que la población ha mencionado.
Por el Gobierno Federal acudieron la representante regional de la Secretaría de Bienestar, el subdelegado de laSecretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano(Sedatu) y un representante del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI).
Mientras que por el Gobierno del Estado, asistió la titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi), María Teresa Guerrero Olivares;la fiscal de Distrito Zona Sur, Lilia Ivonne Maldonado Nievesy la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (Ceave),Irma Villanueva Nájera.
En la reunión se presentó información fidedigna sobre los recursos interpuestos ante la Sedatu en materia de terrenos nacionales. Además, personal de la Fiscalía General del Estado proporcionó una respuesta sobre las denuncias por despojo de tierras y amenazas que se tienen en la zona.
La representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, aclaró que aún no se ha dictado ninguna resolución a la solicitud del terreno nacional, por lo que no se ha establecido ningún dueño de las tierras en donde se asientan las comunidades.
El funcionario se comprometió a que en un plazo de tres meses habría un dictamen, por lo que pidió a las partes mantener la calma y contribuir a un proceso de paz en la región.
Por su parte,Irma Villanueva Nájera,aclaró que nadie puede sacar a alguien de su propiedad si no cuenta con una orden judicial, y que en el presente caso, no ha habido tal documento. Reiteró que laCeavecontinuará asesorando y representando a las comunidades en los procesos legales de defensa de su patrimonio.
También, lafiscal de Distrito Zona Sur,Ivonne Maldonado,señaló que la dependencia a su cargo cuenta con denuncias interpuestas por despojo, amenazas y robo de ganado, por lo que acordó integrar las carpetas de investigación a la brevedad.
María Teresa Guerrero Olivares, titular de la Coepi, puntualizó que «para el Gobierno del Estado, es un hecho que los casos de estas características deberán tomarse como una afrenta de particulares en contra de una comunidad indígena, la cual es sujeto de derecho público y como tal tiene una naturaleza colectiva.»
Con acciones como esta, se apuntala a procesos de construcción de paz y resarcimiento del tejido social, al mismo tiempo que la administración pública reafirma la importancia de su presencia continua para garantizar la seguridad, y la respuesta efectiva y oportuna de los procesos judiciales para que tengan una conclusión satisfactoria.