Chihuahua– El duartista José Joaquín Lázaro López Ramírez sigue castigado por el Gobierno de Javier Corral, a pesar de haber muerto hace diez meses y medio por complicaciones de Covid 19, y que no le fueron atendidas, del cual se contagió en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Aquiles Serdán, en donde estaba bajo la medida cautelar de prisión preventiva, ya que el Estado lo había acusado de peculado agravado.

Luz María Martínez Robles, su viuda, anunció que promoverá una serie de denuncias civiles y patrimoniales en contra del Estado por las condiciones personales de la víctima, que en este caso fue que al solicitar un cambio de medida cautelar porque era una persona en situación vulnerable de contagiarse de Covid, le fue negada por un juez, por lo que semanas después dio positivo a una prueba de coronavirus, y al no recibir la atención necesaria, se complicó de salud, perdiendo la vida en agosto de 2020 al ser atendido en el Hospital Central.

La mujer hizo una denuncia de que no le han permitido exhumar los restos de su esposo para poder cremarlo y llevarlo a la Ciudad de México, de donde era originario, debido a que en la Ley Estatal de Salud se especifica que tienen que pasar seis años para poder sacar un cuerpo de la fosa.

Aunado a esto, la juez Alejandra Ramos, días después de que el exfuncionario estatal falleciera por una presunta mala atención al contraer coronavirus en el Cereso, abrió una carpeta por homicidio en su contra, con la intención de que el cadáver “no pudiera ser trasladado a su ciudad de origen”, de acuerdo con el testimonio de la viuda.

“Mi esposo fue acusado de peculado agravado en el 2018 y ya cumplía los dos años en prisión preventiva; un mes antes hubo una audiencia para cambiar la medida cautelar. En esa audiencia se le hizo saber a la juez María Alejandra Ramos que mi esposo era hipertenso y que estaba próximo a cumplir 60 años y que pedíamos un cambio de medida cautelar”, comentó la viuda en entrevista, afuera de la Ciudad Judicial.

Un mes después, el exfuncionario estatal se contagió, estando por más de 10 días sin tratamiento alguno contra el Covid y falleciendo al día siguiente, dijo su esposa.

“Vengo a reclamar, pues que me permitan ya cremarlo, porque además de todo, la misma juez interpone una denuncia por homicidio, un poco para curarse en salud, y no me ha permitido cerrar mi duelo, cremarlo y llevármelo, y pues me vuelvo a ir otra vez sin él, todavía no se me permite cremarlo”, comentó.

‘Uno más’

Óscar Vázquez Fernández, abogado de la viuda, comentó que la circunstancia era completamente política, en el sentido de malos tratos por parte del gobernador Javier Corral Jurado, por considerar al ahora difunto como un duartista más.

Dichas demandas que interpondrán serán del tipo civil, y en carácter del daño patrimonial del Estado por las diversas violaciones que han surgido dentro del penal, y por otra violación más por parte de la jueza, en el sentido de la apertura de una carpeta de investigación por homicidio.

Fue el 28 de agosto de 2020 cuando se dio el reingreso de López Ramírez al servicio médico forense, por lo que la entrega de nueva cuenta se dio el 29 de agosto.

“Nosotros no estamos de ninguna manera señalando que hay un responsable de su muerte, estamos señalando que hubo una desatención de su tratamiento de Covid”, citó el abogado con base en que cinco días antes de que su representado falleciera, le habían practicado una prueba Covid, resultando positivo, pero sin atenderlo tal cual.

El cuerpo de Lázaro López está sepultado en un panteón de esta ciudad, en un espacio que una familia le proporcionó a la viuda durante el tiempo que arreglan lo del traslado a la Ciudad de México.

“Prácticamente fue un secuestro, yo así lo he visto y lo he vivido, porque mi esposo era inocente, de hecho nunca le pudieron probar ninguna culpabilidad; prueba que presentábamos, la juez la rectificaba”, comentó.

fmartinez@diarioch.com.mx

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