Nueva York.— Magdaleno Ruiz Jiménez se ocultó bajo el cuarto creciente de la luna debajo de un arbusto de un rancho de Texas. Su travesía hasta la pequeña comunidad fronteriza de Brackettville fue larga, unas mil 300 millas desde su casa en México. Pero ahora, un dron estaba zumbando sobre su cabeza.

Un oficial solitario, el sargento Ryan Glenn, surgió de entre la oscuridad. Tenía una linterna y una pantalla que coordina en dónde podría ser encontrado Jiménez y otros seis hombres bajo el frío caliche, burbujas de calor visibles en una cámara infrarroja aparecieron en la parte alta del dron. Pronto, arribaron más oficiales.

“Pasé de todo para llegar aquí”, dijo Jiménez después de que oficiales lo sacaron a él y a otros hombres de los arbustos.

Los hombres asumieron que habían sido detenidos por oficiales de inmigración por cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Estaban equivocados. En lugar de eso, fueron arrestados bajo cargos de irrumpir en un vasto rancho privado por patrulleros de caminos de la policía estatal de Texas.

Durante varios meses, Texas ha estado llevando a cabo un esfuerzo para darle otro propósito a las herramientas para aplicar la ley en el estado ante el inesperado incremento de personas que cruzan ilegalmente al país.

Para lograrlo, oficiales de Texas encabezados por el gobernador Greg Abbott desarrollaron una manera alrededor del hecho de que la aplicación de las leyes de inmigración es una tarea del gobierno federal: los departamentos de policía local y estatal colaboran con los dueños de los ranchos situados en la frontera y usan las leyes de irrumpir ilegalmente en una propiedad para arrestar a los migrantes que cruzan por sus tierras.

“Existe una manera eficaz de enviar un mensaje. Si alguien cruza ilegalmente al estado de Texas tiene una alta probabilidad de no ser atrapado y liberado, sino arrestado y encarcelado”, dijo Abbott, quien estuvo flanqueado por otros nueve gobernadores republicanos, durante una conferencia de prensa en la frontera, en este otoño.

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