Consideran imposible retorno para desplazados

Chihuahua, Chih.- Las personas que se ven forzadas a abandonar sus comunidades en la región serrana debido a la violencia, el despojo de tierras y de recursos naturales, se ven imposibilitadas a retornar a sus lugares de origen porque el gobierno no brinda las garantías suficientes, afirmaron organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

De acuerdo con la organización Alianza Sierra Madre, desde 2018 al menos 160 personas han sido desplazadas de la sierra, específicamente de comunidades de Guadalupe y Calvo como Baborigame, Llano Grande, San Fernando, Coloradas de la Virgen, Los Alisos, Atascaderos, Yerbitas y Mesa de la Reforma. A 50 de ellas se les ha dado atención directa y ninguna ha podido volver a su hogar.

Más recientemente se dio el éxodo de 40 familias de la comunidad de Santo Domingo, además de otras personas de Calabazas, El Tigre, Los Espinos y San José del Rincón, donde el pasado 26 de enero se generó un enfrentamiento entre civiles armados y un convoy de la 42a Zona Militar, encabezado por el coronel Francisco Aldaba Macías, que se dirigía al poblado precisamente a atender las denuncias de habitantes de la zona por desplazamiento forzado.

Los representantes de Alianza refirieron que la migración forzada es un problema añejo que se detonó en 2008, cuando la presencia de grupos criminales en la zona de la sierra se volvió más evidente, mientras que las fuerzas del Estado brillaban por su ausencia.

Abundaron que además de que no se garantiza la permanencia segura de los pobladores en sus comunidades por la falta de presencia policial, las autoridades tampoco han sido capaces de procurarles un retorno seguro y en condiciones dignas, lo cual tiene repercusiones económicas y culturales para quienes viven en el exilio, pues no cuentan con los recursos para su supervivencia y además están en riesgo de perder su identidad.

Por ello, explicaron que los mismos habitantes de estas regiones consideran positiva la presencia de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que se movilizaron hacia las comunidades más afectadas por este fenómeno desde el viernes 17 de junio, porque no ven otra manera de frenar las acciones violentas de las células delictivas

Por su parte, Miguel Parra, de Awé Tibúame A. C., manifestó que los pueblos originarios no sólo están a expensas

La huida fue del poblado de Santo Domingo, además de otras personas de Calabazas, El Tigre, Los Espinos y San José del Rincón, en Guadalupe y Calvo

de la inseguridad, sino del despojo constante de sus territorios ancestrales por parte de personas que tienen intereses económicos en la explotación de los recursos, como ocurre en la comunidad de Mogótavo, en Urique, que ha sido adquirido por personas externas a la comunidad que buscan detonar su potencial turístico sin respetar los derechos de sus habitantes.

Esto, dijo ha significado para ellos el inicio de batallas territoriales desde los años 80 y 80, pues la autoridad ha sido omisa en reconocer su personalidad como pueblos originarios y poseedores de esas tierras y han estado del lado de los compradores que buscan apropiarse de sus riquezas.

En 2011, la comunidad inició un juicio de controversia territorial ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cinco de Chihuahua por el reconocimiento de su territorio ancestral, pero los empresarios que insisten en controlar estos territorios han contrademandado al pueblo rarámuri en un acto de criminalización.

Parra refirió que aunque estas personas tengan un papel para decir que son propietarios del suelo, los verdaderos poseedores son los rarámuri que han habitado desde hace siglos en ese lugar y que conocen y cuidan sus territoros.

Asimismo, el presidente de la CEDH, Néstor Armendáriz Loya, también coincidió en que el Gobierno no ha logrado brindarles a las personas desplazadas las condiciones para retornar a sus tierras y que incluso se emitió la recomendación 30/20 el 17 de noviembre de 2020, con motivo del asesinato del activista

Julián Carrillo, en la que, entre otros asuntos, se urge a las autoridades a contar con la presencia permanente de seguridad en las regiones afectadas por la delincuencia organizada.

El ombudsman explicó que entre julio y agosto de 2021 acompañaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave) para acompañar a 40 familias desplazadas de Guadalupe y Calvo, pero el regreso a sus viviendas no ha podido concretarse.

Armendáriz Loya comentó además de que están en la espera de que se les pida su intervención para apoyar a otras 30 familias que fueron desplazas del municipio de Bocoyna este año, también por cuestiones de violencia.

Sobre el problema, el fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte indicó que se desplegará apoyo al operativo que encabeza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Guadalupe y Calvo para permitir que las familias desplazadas de comunidades de este municipio vuelvan a sus casas sanas y salvas.

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