Chihuahua.- El presidente municipal de Parral, Alfredo Lozoya, acusó que en Chihuahua capital se está fraguando un fraude con el proyecto de alumbrado público de la alcaldesa María Eugenia Campos Galván.

“Es un fraude del tamaño de los que acostumbraba el PRI en sus buenos tiempos y de los que acostumbran los gobiernos que no tienen sensibilidad alguna”, dijo ayer ante medios de comunicación, luego de dictar una conferencia sobre la minería en la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la UACH.

Sus comentarios los hizo a días de haber solicitado registro de observadores electorales para el plebiscito del próximo domingo, en calidad de titular de Parral, Ayuntamiento destacado en el consejo consultivo de participación ciudadana, instalado el 8 de noviembre pasado.

En éste sentido ayer lanzó el reto público a los funcionarios municipales, incluida la alcaldesa, a debatir sobre el costo proyectado en las luminarias. Informó que en Parral se instalaron 10 mil luminarias con inversión de 58 millones de pesos, y estableció que la instalación de 68 mil luminarias no puede costar más de 420 millones y menos 600 millones como se ha anunciado, aseguró.

“Si, César Jáuregui, Mario Vázquez y Maru Campos, querían mi opinión, es esta: El alumbrado de la ciudad de Chihuahua se puede cambiar por menos de 600 millones de pesos, y les recuerdo que en Parral la Federación puso 20 millones de pesos, el Estado 10 y el Municipio los 28 restantes”.

También, a modo de invitación, llamó a la autoridad de Chihuahua a hacer un planteamiento adecuado.

“Traigo a Chihuahua a los empresarios que sin ningún costo les hacen eso por los 600 millones de pesos, más sus intereses de 5 o 6 años y se pagan con el puro ahorro”, añadió.

Lozoya estuvo la semana pasada ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) para pedir formalmente aplazar la fecha del plebiscito del domingo 24 de noviembre.

“Es el primer ejercicio en la historia de Chihuahua y no veo el caso de apresurarlo”, manifestó el edil al entregar la petición al organismo electoral, en el que considera que la ley marca 90 días para hacerlo, es decir, hasta enero del 2020, y podría darse en un plazo medio, añadió.

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