Cofece “emplazó a diversas empresas y personas físicas por su probable responsabilidad en la realización de acuerdos ilegales para manipular precios o repartirse el mercado de la distribución comercialización de gas licuado de petróleo (gas LP) en el país.
La investigación es la más amplia que hasta el momento llevó a cabo la Cofece, ya que implicó el análisis de conductas realizadas por diversos participantes en múltiples entidades federativas.
El gas LP es el combustible de uso doméstico más utilizado en el país, 76% de las familias mexicanas lo consumen, de ahí que los aumentos en sus precios tengan un efecto regresivo importante en los hogares más pobres. Estos destinan 3.5 veces más de su gasto a este energético que las familias de mayores recursos, indica.
La Autoridad Investigadora señaló en el dictamen de probable responsabilidad de esta investigación, que tuvo conocimiento de hechos que probablemente constituyen prácticas monopólicas absolutas.
De acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), estas conductas consisten en contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con alguno de los objetos o efectos anteriores.
Por lo anterior, se determinó emplazar a los probables responsables e iniciar la etapa de procedimiento seguido en forma de juicio, a cargo de la Secretaría Técnica de esta Comisión, para que los emplazados manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan pruebas relacionadas con las imputaciones hechas en su contra.
Una vez realizadas estas manifestaciones, desahogadas las pruebas y presentados los alegatos correspondientes, el órgano regulador podrá resolver conforme a derecho.
De conformidad con la LFCE, las prácticas monopólicas absolutas o colusiones pueden ser sancionados con multas de hasta el 10% de sus ingresos. Adicionalmente, las personas físicas que las cometen pueden enfrentar un procedimiento penal que conlleva sanciones de entre 5 y 10 años de prisión.