El plan, respuesta a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que obliga al Ejecutivo cambiar parte de la Ley de Protección del Clima, prevé además un recorte de las emisiones del 88 % para 2040 y alcanzar la neutralidad climática en 2045, cinco años antes del límite que se fijó la Unión Europea (UE).
El portavoz del Ejecutivo, Steffen Seibert, avanzó en una rueda de prensa rutinaria estos objetivos generales, pero evitó entrar en detalles, puesto que las consultas dentro de la gran coalición de conservadores y socialdemócratas aún no han concluido pese a que hay un «acuerdo fundamental».
El objetivo es, agregó Seibert, poder aprobar la semana que viene en el consejo de ministros un proyecto de ley y que éste se ratifique en el Legislativo antes de las elecciones de septiembre.
Previamente, los ministros de Finanzas y de Medioambiente, los socialdemócratas Olaf Scholz y Svenja Schulze, habían avanzado en rueda de prensa una propuesta con los mismos objetivos.
«Esto puede lograrse a la velocidad que queremos y deseamos», señaló Scholz, que es también vicecanciller en el Ejecutivo de Angela Merkel y candidato socialdemócrata a la Cancillería para las elecciones de septiembre.
Esta propuesta socialdemócrata tiene que ser aún acordada con el bloque conservador, pero Schulze explicó que hay un «acuerdo» general en el seno del gobierno para avanzar rápido en este ámbito.
«Estaremos la semana que viene en el consejo de ministros con una ley de Protección del Clima que sea ambiciosa y, sin embargo, factible», agregó Schulze
La sentencia de la semana pasada del Constitucional instaba al legislador a reformar, como máximo para finales del año que viene, la ley de Protección del Clima, aprobada en 2019, que declaró parcialmente inválida.
El fallo consideraba que el objetivo del 55 % para 2030 era insuficiente para alcanzar la neutralidad climática en 2050, objetivo del Acuerdo de París para evitar que las temperaturas se eleven por encima de los 1,5 grados centígrados sobre los niveles preindustriales, y criticaba que no hubiese una hoja de ruta para el período 2031-2050.
La sentencia, en respuesta a una denuncia de colectivos ecologistas, salía en defensa de las generaciones venideras argumentando que es inconstitucional aplicar medidas medioambientales «suaves» a la actual población de Alemania a costa de tener que imponer restricciones más severas a la futura.
«Prácticamente todas las libertades de esas generaciones, en casi todos los ámbitos de la vida humana, podrían quedar potencialmente afectados» por los necesarios recortes del futuro, explicó el Constitucional.
Con información de El Imparcial.