Francisco Santini, presidente del CCE Chihuahua indicó que con el decreto firmado en Ensenada, Baja California, se premia la actividad de contrabando que ha sido realizada por grupos criminales desde hace años.
Indicó que dicha regularización de los automóviles que fueron ingresados de forma ilegal va a afectar a los ciudadanos que cuentan con vehículos nacionales, puesto que se estima que su valor se reduzca de un 13% a un 20%.
“Es una iniciativa que va en contra del estado de derecho, hace legitimo a lo que entró ilegal al país y premia el contrabando, lo vemos como un tema político para ganar votos o simpatías”, expresó Santini.
Agregó que a lo largo de los últimos años, distintos mandatarios federales han legalizado los vehículos extranjeros, algo que señaló como estrategia para ganar popularidad. Indicó que dicha regularización va a incentivar a que más personas busquen adquirir vehículos en Estados Unidos.
A través de un comunicado, la Asociación a nivel nacional indicó que al no ejecutar los procedimientos administrativos para quienes cometen la ilegalidad de ingresar vehículos extranjeros de contrabando, la burocracia es parte del problema.
“La regularización del contrabando automotriz será un premio a las mafias criminales y a la burocracia corrupta”, sentenció la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmara ayer sábado un decreto para la legalización de los automóviles chuecos.
Asimismo, la AMDA anunció que una vez que se publique el instrumento jurídico que fundamenta la regularización emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se evaluará la pertinencia jurídica de emprender acciones de defensa ante el Poder Judicial de la Federación
“La burocracia corrupta que lo ejecutan y lo toleran si no se emprenden procedimientos administrativos y penales que hagan caer todo el peso de la ley a quienes se han enriquecido cometiendo delitos, cubiertos con el manto de benefactores de los más pobres”, se señala en el comunicado.
Además, indicó que la firma del decreto se llevó a cabo en un acto protocolario en el que estuvieron ausentes los lineamientos del instrumento jurídico que dará cauce a la regularización y en la que se habló de la corrupción del pasado, al momento en que se formalizaba la corrupción del presente[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]