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La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a Estados Unidos la extradición del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, contra quien existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo a lo reportado por Milenio, funcionarios de la FGR indicaron que una juez federal del Estado de México otorgó la orden de captura, debido a que el ex funcionario no demostró el origen de 27 millones de pesos que fueron utilizados para la compra de bienes inmuebles en México.

Las fuentes consultadas por el diario mexicano explicaron que la orden de aprehensión fue emitida hace unos días, además de que este no es el único asunto donde el ex secretario es investigado.

La fiscalía también tiene una investigación abierta en su contra por otros supuestos delitos patrimoniales relacionados con empresas y contratos obtenidos de varios gobiernos.

De acuerdo a la FGR, las declaraciones patrimoniales del ex secretario de Estado, “evidentemente no coincidían con lo que él había percibido por salarios y otros ingresos”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló durante su conferencia matutina del 14 de octubre, que dos días antes de que finalizara el mandato de Felipe Calderón (2006-2012) se aprobó el pago de 19 millones de dólares por un curso de capacitación de hora y media de trabajo, a una empresa relacionada con el otrora secretario de Seguridad, Genaro García Luna, imputado actualmente por sus supuestos vínculos con el crimen organizado.

También , durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se le otorgaron a García Luna 10 contratos por más de 402 millones de dólares a la empresa Nunvav, hoy investigada por la FGR y dos Secretarías de Estado, por presuntos vínculos con el ex secretario de Seguridad, procesado en Estados Unidos por recibir sobornos del narcotráfico.

García Luna fue detenido en Dallas, en el estado de Texas, después de que presentaran cargos en su contra en Nueva York por conspirar para traficar con drogas y realizar declaraciones falsas, además de haber recibido millones de dólares del cártel de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

En Estados Unidos, García Luna habría tratado de ocultar la ayuda prestada a traficantes de droga, por lo que podría enfrentarse a una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. Según las investigaciones, a cambio de los sobornos, el cártel de Sinaloa obtuvo pasaje seguro para sus envíos de droga, así como información legal sensible sobre las investigaciones abiertas contra el cártel y grupos rivales.

Los funcionarios de FGR dejaron claro que el ex funcionario primero deberá enfrentar su juicio en Estados Unidos y después esa nación decidirá si lo extradita o no a México.

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