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Por afectación a más de 1,600 investigadores de 100 universidades privadas del país, el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, ordenó este jueves que se mantengan por tiempo indefinido los derechos y beneficios que otorga el Sistema Nacional de Investigadores (SIN), para todas las universidades afiliadas a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior A.C. (FIMPES).

La decisión del magistrado deriva a partir de un amparo promovido por la FIMPES y por un colectivo de académicos que denunciaron afectaciones en sus labores, al ser excluidos del SIN, por decisión de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El amparo 726/2021 otorgado por el juez, concede la suspensión de la medida ordenada por el Conacyt con “el efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encontraban, es decir, para que los investigadores quejosos de las instituciones privadas puedan seguir contando con los derechos y beneficios de que gozaban hasta antes de la expedición de las normas controvertidas”.

El amparo del FIMPES representa a más de 1,600 investigadores de 100 universidades privadas que impugnaron la reforma al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores que fue avalado por aprobado por Conacyt y publicada el pasado 20 de abril.

El secretario general de FIMPES, Rodrigo Guerra Botello, dijo que la Federación recurrió a la solicitud de amparo con el fin de garantizar el derecho de las universidades particulares y de sus investigadores de ser parte del trabajo que Conacyt desarrolla en el campo de la ciencia y la tecnología, teniendo acceso a los mecanismos y programas de apoyo existentes, en igualdad de circunstancias de los investigadores de las universidades públicas.

Asimismo, destacó que “FIMPES no considera justificable la discriminación inconstitucional que el nuevo reglamento del SNI establece en contra de los investigadores de las universidades particulares”.

El Conacyt argumentó en su favor que el amparo promovido por la FIMPES “aún no presentaba afectaciones a los investigadores de universidades privadas, por lo que no procedía la suspensión”, lo que fue desechado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

La decisión del juez garantiza a los investigadores que podrán recibir su beca íntegra por parte del Conacyt, mientras que esta institución ya advirtió que apelará la decisión y de ser posible recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para abordar el tema.

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