Ciudad de México.- El Gobierno no debería dar la pensión universal para adultos mayores de forma generalizada, sino focalizada, para que pueda tener una mayor eficiencia fiscal, consideró el área económica de BBVA.

  A partir de julio de este año, la pensión para adultos mayores se otorgará a los 65 años de edad, ya no a los 68, y tendrá un primer aumento de 15 por ciento en el monto, hasta llegar a duplicar los recursos en 2024, con 6 mil pesos bimestrales.

«Para que esto tuviese una mayor eficiencia fiscal, sería bueno no dar esta pensión de forma generalizada.

  «Si alguien tiene ya una pensión adicional, una pensión del IMSS o una pensión del ISSSTE, pues quizá ya no debería darse este aumento para tener más recursos y darle a quien realmente no tiene en su retiro ninguna otra fuente de ingresos», dijo Carlos Serrano, economista jefe de BBVA, en la presentación del informe Situación Inmobiliaria al primer semestre de 2021.

  El directivo pidió reconocer que el País no ha dado suficientes fuentes de ingreso para muchas personas, sobre todo aquellas que están en una situación de informalidad, por lo que sería mejor focalizar más el programa de pensión para adultos mayores y no darla de forma universal, sino a quien realmente la necesita.

 «El punto más fundamental es que esto va requerir más recursos fiscales. Entonces, medidas como éstas y otras tantas que se requieren en el País para abatir la pobreza, abatir los rezagos, requieren más recurso fiscal. Entonces, creemos que es fundamental hacer cambios fiscales sobre todo reconociendo que México es un País que es un mal recaudador, no de ahora, de siempre, de muchas décadas.

 «Por mucho tiempo el país se pudo dar el lujo de ser un recaudador bajo porque se tenían los ingresos del petróleo, pero esa época ya terminó. La producción del petróleo ha bajado de forma sustancial y no está claro que vaya recuperarse. Eso es una llamada de atención para aumentar la recaudación», abundó.

 El economista insistió en que es necesario reducir la informalidad en el País y crear incentivos para que los estados y municipios recauden.

 Si se reduce la informalidad, se reducirá hacia el futuro el problema de las personas que llegan sin ningún tipo de pensión a su retiro, como los trabajadores informales, sobre todo ahora que se promovió un aumento en la tasa de contribución.

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