La transparencia en nuestro país ha sido mal interpretada por parte de algunos gobiernos, la perciben como una obligación que cumplir y no como una herramienta para mejorar la rendición de cuentas y hacer que la ciudadanía entienda a sus autoridades y se acerque a ellas.

Los grandes proyectos nacionales como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, y la Refinería de Dos Bocas, o incluso situaciones como la pandemia, han venido a replantear la forma en la que deben transparentarse las acciones del Gobierno Federal en favor del interés público.

Para muchas personas y organizaciones interesadas en las decisiones de los gobiernos, se ha vuelto un problema público tener que esperar los tres meses que otorga la ley de transparencia a las autoridades para informar sobre en qué y cómo se invertierten los recursos de todas y todos.

En este contexto también se han aprobado lineamientos especiales para acelerar los procesos de compra y exceptuar licitaciones durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, lo que hace aún más relevante la discusión de la transparencia cómo el primer paso para prevenir la corrupción y dar certidumbre a la ciudadanía sobre el correcto ejercicio del gasto.

Todo este panorama también afecta en lo local. Hoy vivimos mucha incertidumbre sobre qué están haciendo los gobiernos municipales en todo el país para atender las necesidades de sus poblaciones. Además, los organismos garantes de la transparencia como es el caso del ICHITAIP en Chihuahua,  tienen suspendidos los plazos a los que están obligados los gobiernos para responder ante solicitudes de información.

Me preocupó en sobremanera una evaluación a las ciudades capitales del país sobre la transparencia en cuestiones relacionadas al COVID-19 que realizó CIMTRA (Ciudadanos por Municipios Transparentes), la cual tiene ya varios años evaluando al municipio de Chihuahua.

En esta evaluación se puede observar que solamente 9 de 32 capitales tuvieron una calificación aprobatoria (60%) en cuanto a los parámetros que se midieron. La calificación promedio a nivel nacional es muy baja (38.5%), lo cual evidencia la escasa información que se pone a disposición de las personas sobre las acciones llevadas a  cabo durante la pandemia. Chihuahua capital obtuvo un 26% en el cumplimiento.

Parte de los aspectos que verificó esta medición en los portales oficiales de los municipios fue que cumplieran con: Información sobre el COVID-19, contactos de emergencia, padrones de beneficiarios de programas sociales, montos acumulados de lo gastado referente a la pandemia, facturas de las compras, etc. Datos indispensables para evaluar las acciones de los gobiernos y poder llevar a cabo una correcta contraloría ciudadana.

CIMTRA nacional recomendó lo siguiente: “Ante esta situación, es importante que los órganos garantes diseñen un protocolo para garantizar el derecho a saber. Los sujetos obligados también deben generar protocolos para la adecuada rendición de cuentas y participación ciudadana. La ciudadanía debe involucrarse y activar mecanismos de participación para la vigilancia de las acciones de los entes públicos.”

Tenemos que impulsar que las administraciones de los diferentes órdenes de gobierno, revolucionen su entendimiento sobre la transparencia. Esto podría ayudar a generar certidumbres que permitan reconstruir la confianza de la ciudadanía en sus gobiernos.

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