Estados Unidos.- Una mujer de California que estuvo desaparecida hace más de cinco años se enfrenta ahora a 20 años de prisión por fingir su secuestro.

Sherri Papini, de 39 años, fue acusada este jueves de mentir a los agentes del FBI, además de defraudar al estado por un total de 30.000 dólares que le fueron concedidos por una junta de compensación a víctimas.

El 2 de noviembre de 2016, Papini fue reportada como desaparecida por su marido, con quien tiene dos hijos, y tras semanas de operación de búsqueda, fue encontrada junto a una carretera atada y con la nariz rota, además de varias lesiones en el cuerpo.

Según declaró entonces a la Policía, fue secuestrada a punta de pistola por dos mujeres hispanas, e incluso proporcionó a un retratista del FBI todos los detalles de las supuestas secuestradoras. No obstante, varios años después los investigadores lograron establecer que se trataba todo de una invención.

Según la denuncia penal, citada por Los Angeles Times, los investigadores comenzaron a cuestionar la historia por primera vez en 2020, después de que el ADN hallado en la ropa de Papini coincidiera con el de su exnovio.

En una entrevista con los agentes, el hombre afirmó que Papini le había asegurado que su esposo era abusivo y que la Policía no estaba investigando las agresiones que sufría. «Papini le dijo que su esposo la estaba golpeando y violando y que ella estaba tratando de escapar», de acuerdo con la denuncia, en la que se señala que la mujer no había reportado ningún caso de violencia doméstica.

«En última instancia, la investigación reveló que no hubo secuestro y que se desperdiciaron un tiempo y recursos que podrían haberse utilizado para investigar un crimen real, proteger a la comunidad y proporcionar recursos a las víctimas», afirmó el fiscal federal Phillip Talbert en un comunicado, agregando que Papini se hizo daño a sí misma para respaldar su testimonio.

Actualmente, Papini enfrenta cargos por hacer declaraciones falsas a la Policía, que conlleva una sentencia máxima de cinco años, así como por un delito de fraude postal relacionado con sus solicitudes para obtener ayudas públicas, con una pena de hasta 20 años de prisión.

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