Con esto la IFT no está obligada a iniciar con los trabajos para la conformación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y que se disponga una extracción de su propio presupuesto anual.
Ante la suspensión que otorgó la ministra Norma Lucía Piña Hernández, el instituto solo espera la notificación de la SCJN.
Piña Hernández, argumentó que la solicitud del IFT para no iniciar los trabajos de conformación de la ley de datos biométricos asiste la razón debido a que le resta recursos y comprometer su presupuesto anual.
En la solicitud, el órgano indicó que tendría que destinar 109 millones de pesos de su presupuesto anual y 88 millones cada año que viene, además de aumentar de su cuerpo laboral de 150 funcionarios.
Señaló que necesitaría erogar en la matera 150 millones de pesos, que no puede destinarlos debido a que el presupuesto ya lo tiene programado.