Esta mañana se desahogaron dos de los tres asuntos que la Fiscalía Zona Occidente prepara contra quien del 2015 al 2018 determinara las penas judiciales que se imponen a quienes cometen un delito en este distrito judicial Benito Juárez.
En una de esas audiencias se tocó el caso que llevara al consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado a ser destituído de su encargo y a contar con un expediente de más de 60 casos en donde se presume que actuó de manera irregular.
En el desahogo de pruebas se presentaron las revisiones grafológicas en las firmas de las órdenes de liberación que, según se dijo por parte del Ministerio Público, permitieron salir en libertad a una persona responsable de homicidio doloso y a otra más por el delito de extorsión de los Ceresos ubicados en Parral y Cuauhtémoc, respectivamente.
Asimismo se estableció por parte de la Judicatura que nunca se llevó a cabo alguna audiencia que permitiera a ambos sentenciados recibir el beneficio preliberacional o de reducción de su pena, máxime cuando en uno de los casos se determinó que el delito de extorsión no conlleva derecho a ningún tipo de beneficio.
Destacan también las entrevistas con los directores de ambos penales en donde de manera informal se entregó al responsable del penal en Parral, a través de correo electrónico, la orden de liberación bajo la promesa incumplida de entregar el expediente en físico (lo que no ocurrió), y al responsable temporal del penal en Cuauhtémoc, una orden de liberación de mano del juez y sin el expediente. Incluso la defensa del liberado negó haber solicitado dicha liberación.
Luego de ambas audiencias se consideró que existen elementos para dictar el auto de vinculación a proceso por el riesgo de sustracción del imputado, por lo que en ambos casos se coincidió por parte de dos jueces ordenar una medida precautoria de 6 meses de prisión, tiempo en el que el Ministerio Público y la defensa podrán agotar las pruebas para contar en medio año con alguna sentencia por parte de ambos jueces.
A petición de la defensa, que manifestó que pudiera estar en riesgo la integridad de su defendido, se concedió el confinamiento en un área especial para funcionarios, para evitar algùn tipo de represalia en su contra.