Chihuahua.- “Un pueblo que justifica el aborto provocado es suicida de su propia identidad, como tristemente lo experimenta ahora Europa”.

Lo anterior lo señaló el sacerdote y vocero de la Arquidiócesis de Chihuahua, Gustavo Sánchez Prieto, al comentar la decisión favorable al aborto en caso de violación dictaminada por la Suprema Corte de Justicia.

“Que no se diga que abortar por violación es defender a la mujer”, enfatizó el sacerdote. Subrayó que el bebé así concebido no es agresor, por lo que habrá que prevenir violaciones y castigar al violador, cosas que ignora la determinación emitida por la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Asesinar al bebé no es defender a la mujer, ni dejar impune al violador tampoco lo es, señalo el sacerdote.

Dijo que le extraña que algunas de las feministas aplaudan el aborto por violación y dejen impune al violador.

Se necesita trabajar por una sociedad más sana, respetuosa de la vida, de las mujeres y que promueve una convivencia digna entre varones y mujeres, con matrimonios y familias bien integradas, agregó.

El aborto provocado, aunque se trate de una criatura concebida como fruto de una violación o de otra manera, para la Iglesia, con la Sagrada Escritura, enseña que la vida humana es don de Dios.

Los papás son colaboradores pero Dios es el Señor de la vida, enfatizó.

La dignidad de la persona es inigualable e inalienable, no es el Estado quien la confiere, el Estado la reconoce, la sirve, la custodia.

La ley civil debe estar al servicio de esa dignidad personal y promover una sana convivencia entre las personas, respetuosa de todas, especialmente de los menos capacitados.

Es una lástima cuando el texto de la ley, por una parte, y la autoridad judicial, por otra, ignoran este derecho fundamental y primario a la vida.

Indico que el Ejecutivo podrá argumentar que le toca hacer cumplir la ley; sin embargo, cuando ésta va en contra del derecho fundamental a la vida, no obliga su observancia.

Finalmente dijo que en ese caso hay que promover su modificación, no por motivos religiosos, para que nadie interprete que se pierde la laicidad del Estado o que los cristianos pretenden una legislación civil sometida a sus principios, sino, simple y llanamente, por defensa de la vida misma y para garantizar un futuro para la patria misma.

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