El julio del año pasado la legislatura mexiquense hizo las adecuaciones para sancionar a servidores públicos que toman, difunden y divulgan imágenes de cuerpos.
Los servidores públicos están involucrados en el delito contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación por lo que el juez del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) con sede en Tlalnepantla determinó lo anterior y decidirá en 144 horas si los vincula o no a proceso.
Marcelina “N”, paramédica, presentará una garantía económica de cinco mil pesos y el policía Raúl “N”, de ocho mil pesos, pues siguen su proceso en libertad. El próximo 21 de marzo se resolverá su situación jurídica.
Según los datos, el 29 de octubre, Marcelina “N” y Raúl “N”, hicieron uso de sus teléfonos celulares fuera de lo permitido.