El diario español El País reveló una investigación sobre la compra de tecnologías de vigilancia por la Fiscalía General de la República (FGR) de México, con lo que podría afectar la privacidad de usuarios de Internet en el pais.

Indican que durante 2019 y 2020, la FGR firmó al menos cuatro contratos por 5.6 millones de dólares con la compañía Neolinx de México, según documentación a la que tuvo acceso El País.

Neolinx fungió como intermediaria de la italiana Hacking Team, señalada de ser una de las principales proveedoras en materia de ciberespionaje durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

«Las compras se hicieron bajo la partida secreta en materia de gastos de seguridad nacional, por lo que los contratos no fueron transparentados por la Fiscalía. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que ha dado seguimiento a este tipo de contrataciones, considera que la operación de estos sistemas puede llegar a ser violatoria de derechos humanos porque en algunos casos constituye una vigilancia masiva que violenta los requisitos de necesidad, proporcionalidad y autorización judicial».

Mencionan que la firma mexicana Neolinx, fundada en 2009, está vinculada a venta de equipos de espionaje. En 2015 sirvió como intermediaria de Haking Team en México.

La información dada a conocer reveló que el consorcio italiano había comercializado sus productos a 35 países, muchos de ellos señalados por violaciones a los derechos humanos. México había sido hasta entonces su principal cliente.

La Red para la Defensa de los Derechos Digitales R3D hizo un análisis de los datos divulgados tras la filtración y denunció que al menos 12 estados de México tuvieron relaciones comerciales con Hacking Team, a través de sus diversas intermediarias.

Según el análisis hecho de R3D en ese entonces Neolinx habría vendido sus productos al Gobierno de Guerrero y del Estado de México, así como a la Policía Federal, PGR y Defensa Nacional, entre otras dependencias.

En abril de 2018 firmaría el último contrato con la Fiscalía antes del cambio de administración. Ahora se sabe que Neolinx siguió vendiendo sus insumos y servicios al gobierno actual, esta vez como intermediaria de la empresa israelí Rayzone Group, de acuerdo a lo que exponen.

El País encontró evidencia del contrato FGR/SEIDO/DGCTC/GSPN/001/2019, suscrito el 30 de mayo de 2019 por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por un monto de 2.4 millones de dólares (47 millones de pesos).

El concepto fue un «Servicio de Localización Geográfica», según consta en una auditoría de cumplimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Este contrato corresponde al equipo de vigilancia Geomatrix, sistema de geolocalización de equipos de telefonía móvil desarrollado por Rayzone que, como se documentó en una investigación conjunta entre Reporte índigo y R3D, ya fue adquirido con anterioridad por la Dirección General de Cuerpo Técnico de Control de la SIEDO en abril de 2018 (también a través de la empresa Neolinx) por un monto de 4.56 millones de dólares.

Según el Anexo Técnico del contrato de 2018, Geomatrix puede brindar acceso a 25 operadores simultáneos para teléfonos en redes 2G, 3G y 4G.

El sistema permite solicitar la localización geográfica en tiempo real de un equipo proporcionando el número de teléfono o el número IMSI (Identidad Internacional de Suscriptor Móvil). Otra de las características de Geomatrix es el uso de geovallas, es decir, se establece un perímetro virtual en el mapa y el sistema indica cuando un equipo ha ingresado o salido de sus límites.

La ASF identificó una serie de irregularidades en su auditoría a la partida presupuestaria 33701 de la FGR, correspondiente a Gastos de Seguridad Pública y Nacional.

Entre estas, se encuentran que el contrato se formalizó sin autorización de recursos previa ni especificar el costo unitario de cada concepto del servicio. La Auditoría tampoco encontró evidencia que acredite la configuración del servicio en los equipos de la Fiscalía.

Otro dato revelador es que la FGR contrató 135 mil búsquedas, de las cuales, la auditoría comprobó el ejercicio de 13,890 (10.3%). Esta información contrasta con la reportada por la propia Fiscalía en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde indica haber solicitado autorización judicial para la localización geográfica únicamente 124 veces durante 2019. Esto indica que al menos en el 99.1% de las ocasiones, el equipo se utilizó de forma ilegal.

Mediante solicitudes de acceso a la información, R3D ha intentado obtener contratos de adquisición de tecnología de vigilancia suscritos por la FGR con Neolinx y otras empresas intermediarias; sin embargo, se ha negado la existencia de dichos documentos. Estas revelaciones confirman que la Fiscalía miente sobre la inexistencia de los contratos y está ocultando información de interés público.

Así mismo, R3D solicitó a la Dirección General de Cuerpo Técnico de Control el dato del número de personas funcionarias autorizadas para operar este sistema. La FGR ha reservado la información bajo el argumento de que puede “comprometer la capacidad de reacción y el personal destinado”. No obstante, la ASF señaló en su informe que “no se proporcionó evidencia de los certificados o constancias otorgados a 39 servidores públicos” respecto de la capacitación para utilizar Geomatrix.

Otros contratos demuestran la adquisición de la plataforma de consulta y análisis de datos masivos Echo en 2019 y 2020, por montos de 1.1 y 1.7 millones de dólares, respectivamente. Nuevamente, la operación fue realizada a través de Neolinx.

Echo es una plataforma desarrollada por Echo-On Technologies, empresa subsidiaria de Rayzone Group. El sistema proporciona a las autoridades información diversa sobre personas usuarias de Internet, de manera incógnita, sin requerir la colaboración del individuo u otra entidad comercial.

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