En 2018, en México, vivían 28.9 millones de personas en localidades con menos de 2 mil 500 personas, donde al menos 50.8 por ciento eran mujeres, pero sólo tres de cada 10 personas ejidatarias o comuneras eran mujeres, detalla el boletín estadístico Desigualdad en cifras. Las mujeres y el acceso a la tierra del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
“El derecho a la tierra es importante como una forma de no someter a las mujeres a estar bajo el dominio o, en dado caso de que no funcione el matrimonio, no ser dependientes del esposo. Tener patrimonio propio les da la libertad para avanzar y desarrollarse”, explica Juliana Acevedo.
Ciudad de México, Baja California, Guerrero y Sonora son las cuatro entidades donde la proporción de propiedad en manos de mujeres se encuentra por arriba de 30 por ciento; mientras que en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, las mujeres poseen menos de 20 por ciento de las tierras ejidales y comunales, según el boletín estadístico.
“El derecho agrario todavía es un pendiente. La posesión y el acceso a la tierra es importante porque es el espacio en donde se reproduce la cultura, la vida y es un espacio que las mujeres trabajan, cuidan y defienden, pero en el ejercicio del derecho están ausentes y entonces quienes toman las decisiones sobre este bien colectivo son los hombres”, añade Anabel López Sánchez, directora General para la Promoción de una Vida Libre de Violencia e Impulso a la Participación Política de las Mujeres del Inmujeres.
La ejidataria, defensora y activista Juliana Acevedo es originaria de la localidad José María Morelos, en el municipio Santa María Huazolotitlán. Tiene el cargo de suplente del presidente del Comisariado, pero aun cuando hay presencia de mujeres, ellas siguen estando excluidas de los puestos de toma de decisiones.
“Tener un título de ejidataria o comunera provee la oportunidad de presidir a los órganos que rigen las decisiones de organización que se toman sobre la tierra. Sin embargo, de los 14.6 mil ejidos y comunidades con órganos de representantes sólo 7.4 por ciento fue presidido por una mujer en 2019”, dice el boletín estadístico.
El número de ejidatarias ha crecido sólo por el fallecimiento de sus esposos, más no por herencia de los padres. El caso de Juliana Acevedo fue una excepción, pues en vida su papá le cedió sus derechos. “Esto no es una constante. Las mujeres seguimos enfrentando retos para acceder a ese derecho, prevalecen las resistencias. Aun cuando se nos escucha en las asambleas, no se nos toma en cuenta”, expresa Acevedo.
Luz María Andrade Calderón, consultora del Inmujeres en temas agrarios, indica que en el campo hay mujeres que participan en asambleas o que trabajan una parcela, pero no cuentan con la titularidad de la tierra. Recapitula que en 1921, la Ley Agraria reconocía a las mujeres con capacidad para tener tierras; para 1940, antes de que en México las mujeres tuvieran acceso al voto, se establecía que podían presidir los comisariados o consejos de vigilancia.
“La cuestión no es la ley sino la implementación y la estructura patriarcal que tenemos en donde se da mayor preferencia al hombre y a las mujeres no se le mira como una persona que puede tomar decisiones”, considera.
Citlalli López, Milenio.