El abogado y tiktoker Érick Dour informó que en los últimos dos años y medio ha logrado el amparo de más de 800 estudiantes, principalmente de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a la que la justicia federal ordenó la inscripción sin pago de más de 100 alumnos en el semestre actual.

Dour señaló que la UACH ya fue notificada de los amparos tramitados en modalidad colectiva desde el 29 de enero, aunque no ha dado de alta a alumnos que no han recibido la suspensión provisional, por lo cual señaló que es cuestión de horas para que un juez federal le instruya a la institución inscribir a todos.

“El derecho a la educación es irreductible e irrenunciable, además de que prevalece sobre cualquier tema económico”, consideró el abogado, quien adelantó que también promoverá nuevos juicios de amparo colectivos para el nivel de maestría y doctorados, así como para los estudiantes que ya pagaron el semestre, por temor a no quedar inscritos.

El pasado miércoles, la UACH emitió un comunicado en el que informó que estableció los lineamientos institucionales para dar cumplimiento a las demandas de amparo de gratuidad, mismos que se pueden verificar en la página de Transparencia y Gaceta Universitaria.

“Representantes del área jurídica de la Universidad, señalaron que quienes interpusieron su juicio de amparo para no pagar inscripción, se encuentran sujetos a la obtención de una suspensión, ya sea provisional, definitiva o en su caso, una sentencia”, aseguró. “Es importante destacar que todos los alumnos que obtuvieron una suspensión tienen los mismos derechos que aquellos estudiantes que cubrieron sus cuotas, sin embargo, la UACH cuenta con procesos administrativos, mismos que deben ser respetados para salvaguardar el patrimonio de la institución”.

Agregó que por ello la UACH cumplirá a partir de que los acuerdos queden debidamente notificados por los juzgados, y a partir de ese momento se realizaran los trámites correspondientes para que los alumnos regularicen su situación, mientras tanto, el Departamento Jurídico continuará recibiendo notificaciones de las instancias federales.

Al respecto, el abogado y tiktoker, egresado de la Facultad de Derecho de la UACH en el año 2020, afirmó que la institución fue notificada de los amparos por el juzgado federal desde el 29 de enero, al menos los que corresponden a los que él ha tramitado.

Explicó que desde hace dos años y medio en que comenzó con el litigio estratégico para hacer valer el derecho a la educación y otros para los ciudadanos, ha logrado el amparo a más de 900 estudiantes, en su mayoría de la UACH, pero también de la Universidad Autónoma de Juárez, la Universidad Tecnológica de Chihuahua y el Instituto Tecnológico de Chihuahua.

Los últimos bloques de amparos colectivos, señaló, suman más de 100 estudiantes que la UACH, aseguró, debe inscribir sí o sí, porque de no hacerlo un juez federal podrá reconvenir a la institución y sancionar a los funcionarios que no cumplan con la disposición judicial.

Dijo que estos amparos no impactan económicamente a la UACH porque en realidad tiene recursos suficientes para cumplir con su obligación constitucional de dar educación gratuita, si limita su gasto excesivo en otros rubros que no son indispensables ni están por encima del derecho de los estudiantes.

Expresó que la universidad tiene gastos elevados en otros rubros innecesarios, por lo que puede reducirlos a fin de garantizar el derecho a la educación superior de los estudiantes, quienes deben pagar más de cuatro mil pesos por semestre, cuando hay una disposición expresa de la gratuidad general.

En cuanto a los alumnos que no tienen la suspensión provisional todavía y que la universidad no ha inscrito, aseguró que no deben preocuparse, porque finalmente el amparo llegará y obligará a la institución a hacer valer ese derecho, sobre cualquier tema económico.

Finalmente, el litigante manifestó que continuará con la promoción de los juicios de amparo en materia de justicia social, como lo ha hecho desde que comenzó su actividad en redes sociales hace cerca de tres años, lapso en el que, pro bono, ha enfocado los recursos en buscar beneficios para las personas demandantes en salud, agua potable y educación, entre otros.

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