La magistrada Janine Otálora fue la encargada de presentar ambas resoluciones, subrayando que, en el caso de García Cabeza de Vaca, se verificó la vigencia de las órdenes de aprehensión y la ausencia de prescripción de las acciones penales, elementos determinantes para la revocación de su registro como candidato.
Por otro lado, la segunda determinación del Tribunal fue mantener la candidatura al Senado de Ricardo Anaya, miembro del PAN y acusado por Emilio Lozoya de recibir pagos ilegales de Odebrecht. Aunque no se emitieron órdenes de aprehensión en su contra, la resolución generó un debate sobre la interpretación de la suspensión de derechos políticos, especialmente debido a la ausencia de Anaya en el país, donde se encuentra en situación de exilio.
Ambas decisiones desencadenaron reacciones encontradas y ponen de manifiesto la complejidad jurídica y política que rodea el proceso electoral en México.00