Es la primera vez en la historia de Perú que los fiscales ingresan por la fuerza al domicilio de un Presidente en ejercicio, en un país acostumbrado a que la justicia ordene registros en casas de ex mandatarios o dicte prisión preventiva para ex presidentes investigados por presunta corrupción. Los allanamientos al Palacio presidencial sí han ocurrido antes.
Los investigadores de la diligencia iniciada por la Fiscalía General no declararon tras permanecer por horas en el Palacio. Cerca de la medianoche del viernes, un policía rompió la cerradura de la puerta de la casa de Boluarte con una maza luego que no se abrió la puerta para iniciar un primer allanamiento.
La redada buscaba incautar tres relojes de lujo marca Rolex usados por Boluarte que se han convertido en el nuevo dolor de cabeza de la Mandataria quien tras dos semanas de una denuncia periodística que evidenció el uso de los relojes de lujo no ha explicado cómo llegaron a su muñeca derecha.
La Mandataria se ha mantenido en silencio y no ha sido vista por la prensa.
El Primer Ministro Gustavo Adrianzén afirmó a periodistas que consideraba «ilegal e inconstitucional» el allanamiento y añadió que junto a los ministros estaban seguros «que de manera definitiva no existe ningún tipo de responsabilidad» de la Mandataria en las diligencias a las que está sometida.
El abogado de la Boluarte, Mateo Castañeda, comentó a la radio local RPP que no se hallaron relojes en la casa de la Presidenta, pero que sí se localizaron «unos 10» relojes «bonitos» en el Palacio presidencial donde la Policía incluso revisó debajo de «las alfombras».
No dijo cuántos de esos relojes hallados eran marca Rolex, pero añadió que la Policía tomó fotos a los artículos de lujo. El abogado aseguró que la Mandataria declarará a la Fiscalía el próximo viernes 5 de abril.
En una inusual entrevista durante la madrugada, el Primer Ministro dijo a la radio RPP que Boluarte estaba en la residencia del Palacio presidencial y añadió que lo ocurrido no era «grave», que se estaba generando «una tormenta donde no la hay» y añadió que el trabajo de la fiscalía estaca causando «un ruido político que afecta a las inversiones».
Adrianzén afirmó, sin aportar pruebas, que existe una «intencionalidad desestabilizadora» para golpear a la Mandataria dirigida por los que «manejan el crimen organizado» y quienes hace 14 meses exigieron su destitución en protestas que dejaron 49 civiles muertos en confrontaciones con las fuerzas de seguridad. La pesquisa contra Boluarte «en cualquier otro lugar, no sería más que una anécdota», agregó.