El suceso fue denunciado en el municipio de Yapacaní, en la región oriental de Santa Cruz, donde la menor vivía bajo el cuidado de su abuelastro de 61 años, ya que sus padres viajaban constantemente por motivos de trabajo.
La niña comentó a una prima «que sentía unos movimientos extraños en su vientre y la prima le cuenta a su madre y es así que la tía es quien presenta la denuncia» por el hecho, explicó este domingo a Efe la directora ejecutiva de la Casa de la Mujer, Ana Paola García.
El agresor fue encarcelado y la menor, con 21 semanas de gestación, está ingresada en un hospital cruceño.
Según García, en un principio la madre de la niña pidió la interrupción del embarazo, acogiéndose a una sentencia constitucional de 2014 que establece que una víctima de violencia sexual puede abortar sin necesidad de una orden judicial y al margen del periodo de gestación en que se encuentre.
Sin embargo, por la «injerencia» de una organización perteneciente a la Iglesia católica la mujer desistió de que se interrumpa el embarazo de su niña, denunció.
La menor había manifestado previamente a una junta médica que «no quiere ser madre», por lo que se le suministró una primera dosis del medicamento para interrumpir la gestación, explicó García.
Pero luego una abogada que la organización religiosa le puso a la madre presentó un memorial de desistimiento junto a una carta manuscrita en que la menor supuestamente manifiesta que ya no quiere someterse al procedimiento, por ahora paralizado.
«Es un crimen lo que se está haciendo con esta criatura porque en un país justo las niñas no son madres», sostuvo García.