Ese delito aumentó en 18.5 por ciento del arranque de la actual Administración, en 2019, al cierre de 2023, al pasar de 8 mil 133 a 9 mil 638 denuncias por ese ilícito en los periodos enero-noviembre de ambos años, de acuerdo con cifras oficiales.
En el mismo lapso de 2022 se reportaron 9 mil 525 extorsiones, por lo que el aumento, respecto a ese año, es de 1.19 por ciento, establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
La extorsión, que también se denuncia como cobro de piso, castiga en mayor medida al Edomex, donde opera La Familia Michoacana.
De enero a noviembre de este año, en esa entidad gobernada por Delfina Gómez se reportaron 3 mil 725 extorsiones, lo que representa el 38.6 por ciento de las registradas en todo el País.
Además, el estado encabeza la lista en cuanto a la tasa de víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes con 21.81, cuando la media nacional es de 7.81.
Le siguen Colima con 15.23, Guanajuato con 14.23, Baja California Sur, 13.58, además de Nayarit y Nuevo León, ambos estados con una tasa de 13.29.
«Todos los testimonios son coincidentes: en los casos del Estado de México o Guanajuato sigue habiendo la cooptación de autoridades, que son omisas o cómplices al tolerar este delito, porque los jefes policiacos reciben una comisión por permitir esta actividad criminal de derecho de piso», advirtió David Saucedo, consultor en seguridad pública.