La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (Ceave) informó que aumentó el desplazamiento de personas provenientes de la Sierra Tarahumara esto luego de que el pasado mes de junio, tras la celebración de los comicios electorales, la presencia de enfrentamientos entre fuerzas criminales provocó que tan sólo en el municipio de Guadalupe y Calvo más de 200 personas fueran ilegalmente desplazadas.
Cabe señalar que la historia reciente nos señala que se ha documentado movilizaciones forzadas desde 2017, dicho desplazamiento es de por lo menos 410 personas provenientes de la Sierra Tarahumara.
En ese sentido, la Ceave tiene registro del desplazamiento forzado en 56 comunidades en los municipios de Guadalupe y Calvo, Uruachi, Balleza, Saucillo, Delicias y Guachochi, además de que organizaciones no gubernamentales incluyen también a los municipios de Madera, Guazapares, Batopilas, Urique y Bocoyna en la alta incidencia de casos.
Por otra parte, los datos proporcionados por Ramón Rocha, coordinador de los asentamientos indígenas de San Andrés, Carrizos y El Venadito, arrojan la presencia de 729 personas de origen indígenas, mismos que según lo destaca, “están aquí por la falta de oportunidad de empleo en lugares como Balleza, Batopilas, Bocoyna, Guadalupe y Calvo, El Tule y Cusihuiriachi, municipios de los que son originarios”.
Este problema ha sido reconocido por parte de organismos derechohumanistas no sólo a nivel local sino a nivel internacional, y se han generado recomendaciones que han visibilizado el problema, y han promovido acciones que resultan en la intención de defensa.
No obstante, los casos han ido en aumento y el problema persiste, esto último según lo destacado por el diputado de Morena, Benjamín Carrera Chávez, quien desde el Congreso del Estado expuso que Chihuahua es uno de los 12 estados en los que más personas han sido afectadas por el desplazamiento forzado, y en el 90 por ciento de los casos la violencia fue la causa directa.
“Es necesario tomar el tema del desplazamiento forzado como un gran pendiente, cuya atención no debemos postergar, no podemos ser omisos”, subrayó el legislador, quien invitó a las distintas fuerzas políticas en el Congreso para impulsar una Ley Estatal que atienda esta problemática.
Asimismo, Ramón Rocha, coordinador de los asentamientos indígenas de San Andrés, Carrizos y El Venadito, ha mencionado en su momento que las personas se mueven de su lugar de origen derivado de las condiciones precarias de salud que enfrentan.
Se destaca que en las comunidades de El Manzano en Urique y Monterde, en Guazapares, ya se han interpuesto hasta 20 amparos derivado de la omisión de las autoridades para garantizarles sus derechos humanos; jueces dictaron suspensión de plano; por lo que autoridades deberán de generar mecanismos para garantizar la pacificación de la zona.
Información expresa que de 2014 a la fecha al menos un total de 23 familias de las comunidades de El Manzano en el municipio de Uruachi y Monterde, en el municipio de Guazapares, Chihuahua, han tenido que abandonar su vivienda para salvaguardar su integridad.
En 2015 denunciaron a distintas autoridades la situación que genera la presencia de grupos delictivos que presuntamente se apropian de las tierras y sector agrícola.
En este sentido, hace una semana en la Ciudad de México en una conferencia de prensa, integrantes de más de 20 familias de las comunidades de El Manzano, municipio de Uruachi y de Monterde, del municipio de Guazapares, dieron a conocer su situación de desplazados de sus comunidades desde el año 2014 y 2015.
Por dicha razón han presentado han solicitado la intervención del Poder Judicial de la Federación para que les concediera varios amparos y presionar al gobierno de México a que enfrente la situación de violencia que se genera en la sierra de Chihuahua, buscando su pacificación, para que ellos puedan regresar a sus comunidades de donde han sido expulsados por miembros del crimen organizado.
Precisamente en el Senado de la República a donde acudieron a visibilizar su situación de más de seis años, Margarita Contreras, Gerardo Girón y Nubia Sánchez, habitantes de esas comunidades, explicaron que entre 2014 y 2016, hombres armados llegaron a las comunidades, quemaron viviendas y vehículos, y los amenazaron de muerte, todo para obligarlos a dejar sus tierras y animales.
Ellos informaron que a pesar de conseguir medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015, han sido víctima de asesinato tres integrantes de dichos núcleos familiares.
Denunciaron que el apoyo que han tenido de autoridades federales y estatales, de vivienda y alimentación, ha sido insuficiente, mientras que los crímenes por las muertes de sus familiares y el despojo de sus tierras se mantienen impunes.
Asentados en los municipios de Chihuahua y de Cuauhtémoc, los representantes de las familias sostuvieron que viven en la incertidumbre, porque hasta ahora no saben qué será de ellos, si serán reubicados o será pacificada la región para regresar a sus tierras.
Gabino Gómez Escárcega, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem), apuntó que el pasado 20 de agosto los desplazados y sus representantes fueron citados a las instalaciones de la 42 Zona Militar en Parral, donde les informaron que “no pueden hacer ningún operativo para pacificar, lo mismo que nos dijeron hace seis años”.
