La Paz.- Un grupo de cocaleros críticos del presidente boliviano Evo Morales se enfrentó a la policía el jueves después de que los uniformados les lanzaran bombas de gas lacrimógeno para despejar el bloqueo que iniciaron en la víspera al norte de La Paz.

En las montañas y los delgados caminos de Unduavi, a unos 50 kilómetros al norte de la ciudad, se registraron choques entre los cocaleros y la policía después que hace una semana se produjera el asesinato de un joven dirigente cocalero tras unos enfrentamientos entre familias del sector.

“Nuestra protesta es porque el gobierno trata de dividir a nuestro sindicato. Existe una persecución de dirigentes”, dijo Sergio Pampa, representante de los cocaleros.

El cocalero herido recibió un impacto de balín, según reportó el dirigente Ronald Catari a radio Yungas.

“Los cocaleros han respondido de forma violenta con piedras, cargas de dinamita”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

El coronel Eiber Alarcón dijo a Radio Yungas que un efectivo quedó lesionado en el brazo supuestamente porque fue alcanzado por una lata de sardina que tenía dinamita dentro.

La policía decidió suspender las salidas de autobuses a esa parte del país a causa de los bloqueos, informó el director departamental de Tránsito de La Paz, coronel Abel Claros.

Los cocaleros de los Yungas son críticos a Morales después que su gobierno reconociera a más productores de otras zonas.

Con 25.000 hectáreas, Bolivia es tercer productor de hoja de coca, materia prima de la cocaína, en la región andina después de Colombia y Perú. La hoja de produce en dos regiones: en el Chapare, en el centro del país, donde Morales dirigió a los cocaleros por más de una década hasta que saltó a la política, y en el norte de La Paz.

La hoja tiene venta legal hasta 22.000 hectáreas para consumo legal como el masticado y las infusiones, de amplio uso en Bolivia.

Morales aprobó en 2017 una nueva ley ampliando de 12.000 a 22.000 las hectáreas legales con el argumento de que el consumo tradicional aumentó, pero opositores y estudiosos han puesto en duda los informes del gobierno.

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