Tan solo el último reporte del el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que la zona serrana tiene el mayor índice de rezago social en Chihuahua; más de 10 municipios presentan este problema, entre los que se Guadalupe y Calvo, Guachochi, Batopilas, Urique, Morelos, Guazapares, Chínipas, Moris y Guerrero, mismos en los que se tiene presencia de grupos delincuenciales que hostigan a pobladores.
Se destaca que en las comunidades de El Manzano en Urique y Monterde en Guazapares ya se han interpuesto hasta 20 amparos derivado de la omisión de las autoridades para garantizarles sus derechos humanos; jueces dictaron suspensión de plano; por lo que autoridades deberán de generar mecanismos para garantizar la pacificación de la zona, misma que sigue tiñéndose de rojo.
De 2014 a la fecha al menos un total de 23 familias de las comunidades de El Manzano y Monterde, han tenido que abandonar su vivienda para salvaguardar su integridad.
Este fin de semana volvieron a escucharse las detonaciones de armas de grueso calibre, los pobladores informaron de enfrentamientos con al menos 20 muertos, en comunidades alejadas de Guadalupe y Calvo, datos que no confirman la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Fiscalía General del Estado, que apenas ayer lunes informó que un operativo de reconocimiento había partido a dicha zona a realizar investigaciones.
La Sierra Tarahumara representa uno de las principales fuentes de recursos forestales y ganaderos y con producción agrícola en el estado de Chihuahua, abarca al menos 21 municipios. Con toda esa riqueza, también es de las zonas más vulnerables del país, hecho que se refleja en sus índices de violencia, que a su vez desemboca en que sus habitantes buscan abandonar el sitio o son obligados a ello.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) informó que más de 200 personas fueron desplazadas de manera ilegal de Guadalupe y Calvo el mes de junio, esto tras terminar el proceso electoral, que mantuvo cierta calma en la región previo a los comicios.
En Parral hay al menos 729 personas que habitan en asentamientos indígenas que han llegado expulsados de la Sierra Tarahumara por la violencia, el narcotráfico, la tala ilegal del bosque y otros delitos que generan falta de oportunidades y ambiente inestable en la región, por lo que los pobladores emigran o son forzados a ello, datos que tiene el CEAVE desde 2017, con 410 registros al menos de migración forzada.
En ese sentido la CEAVE tiene registro del desplazamiento forzado en 56 comunidades en los municipios de Guadalupe y Calvo, Uruachi, Saucillo, Delicias y Guachochi, además de que organizaciones no gubernamentales incluyen también a los municipios de Madera, Guazapares, Batopilas, Urique y Bocoyna en la alta incidencia de casos.
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