En la ponencia, en Palacio Nacional, la funcionaria señaló que, entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, en el país se registraron 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, y que más de la mitad de los 15 que implicaron violencia, como asesinatos y heridos, se presentaron en Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.
“Por otra parte, en los estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco vemos más riesgos de que los aspirantes y candidatos tengan cooptación por parte de la delincuencia”, agregó la funcionaria.
En la información difundida sobre esta ponencia, la SSPC menciona que uno de los homicidios contabilizados se registró en Chihuahua, pero la entidad no fue incluida en el mapa titulado “Violencia política y cooptación criminal”.
Ese mismo jueves por la noche, el dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Nuevo Casas Grandes y aspirante a alcalde, Yuriel Armando González Lara, fue asesinado con disparos de arma de fuego a un costado de la sede local del partido y a pocos metros de la alcaldía de esa ciudad.
Entre éstas, de acuerdo con la presentación, están mesas de trabajo entre la autoridades federales, fiscalías y partidos “para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia organizada o vínculos con la delincuencia de cuello blanco”.
También, dijo Rodriguez, se brindará atención a aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado previa apertura de carpetas y determinación de niveles de riesgo y protección.
Ayer, la dependencia federal no respondió una solicitud de información sobre las acciones a tomar en Chihuahua luego del crimen del aspirante priísta.