Tal como establece la Constitución venezolana, Nicolás Maduro tomará posesión de su segundo mandato presidencial, el próximo jueves, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y lo hará mientras acusa a sus enemigos, internos y externos, de «acordar un golpe de Estado» en Venezuela.

Maduro ganó las elecciones de mayo del año pasado con el 68% de los votos, pero la legitimidad de estos comicios no ha sido reconocida por Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y los países del Grupo de Lima -Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía-. Todos ellos, ahora, presionan para denunciar el nuevo acto institucional que investirá al mandatario para otra legislatura de seis años.

A pesar de ese frente en su contra, el sucesor de Hugo Chávez ha sabido sortear a la oposición interna, las sanciones internacionales, la pésima situación económica nacional y un intento de magnicidio y se dispone a formalizar el jueves un poder que ejerce de hecho desde el año pasado.

Con la excepción de México, los países del Grupo de Lima han amenazado con aplicar medidas económicas contra el mandatario chavista si jura como presidente y le reclaman otra vez «el restablecimiento de la democracia» en la nación petrolera mediante nuevas elecciones. El Gobierno de Perú propone incluso romper relaciones diplomáticas. Y ninguno de ellos asistirá a la toma de posesión.

El canciller peruano, Néstor Popolizi, como portavoz del Grupo, pidió además que Maduro «respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y transfiera a esta, provisionalmente, el poder Ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones democráticas». La Asamblea Nacional es el Parlamento de mayoría opositora que el régimen no reconoce.

Violencia extrema

Y mientras las declaraciones se multiplican, millones de venezolanos resisten la escalada que sitúa al país entre los más violentos del mundo y como el más violento de América. E intentan superar una hiperinflación que incide en los precios de los alimentos y en su escasez, y que el FMI calcula en el 10.000.000% para 2019. Una situación difícil. Según la ONU, 2,3 millones de los 32 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2015.

Quienes no se van, intentan no salir de casa a partir de las siete de la tarde, no hacer excursiones que requieran alejarse demasiado de las zonas urbanas y, sobre todo, trabajar en empresas que paguen en dólares y mediante un complicado mecanismo de cambios, que contemplan aperturas de cuentas, giros internacionales y otras gestiones virtuales para mejorar el tipo de cambio. Los mejor pagados pueden comer en restaurantes; eso sí, a precios de oro. Y no del negro precisamente, pues cotiza a menos de la mitad que hace 10 años.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *