Los municipios de Guadalupe y Calvo, Morelos, Valle de Zaragoza y Chínipas son algunos de los “expulsores” de ciudadanos hacia otras latitudes del estado según lo confirma el informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos -Cmdpch-, mismo que detalla que, en abril del 2021 el entonces gobernador Javier Corral, dijo que el estado no podía garantizar el retorno de los desplazados por la violencia de la Sierra Tarahumara, pues no existían las condiciones de seguridad y el gobierno estatal carecía de un estado de fuerza suficiente.
El pasado mes de octubre, el diputado local Benjamín Carrera presentó un proyecto de decreto para reformar el Código Penal del Estado, para tipificar el desplazamiento interno forzado como un delito y sancionar “a quien a través de la violencia generalizada o de la generación de un conflicto armado, mediante cualquier tipo de acto ilícito provoque de manera forzada el desplazamiento de persona alguna que implique el abandonar, escapar o huir de su lugar de residencia habitual”.
Sin embargo, la iniciativa está “congelada” en la comisión, donde a decir del legislador, ni siquiera se ha empezado a discutir, porque es parte de los temas de “poco interés” para los diputados. Esto a pesar de que Chihuahua aparece de forma reiterada en los informes nacionales relacionados con el desplazamiento ocasionado por la violencia y de que mes a mes, hay familias que se convierten en víctimas de dicho ilícito.
“El proceso legislativo es un poco lento, cuando la mayoría del Congreso no tiene mucho interés en esos temas; cuando si les interesan los desahogan rápido. En estos casos que deben ser importantes siguen su camino en comisión, se discutirá luego al pleno, pero por ahora está atorado en la comisión. Ni siquiera la han empezado a discutir a pesar de que es un tema que lesiona gravemente a las comunidades, sobre todo en la sierra”, dice Carrera.
Y es que, según información de la Cmdpdh, el estado de Chihuahua es, junto con Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, una de las entidades que mayor actividad de desplazamiento interno tiene ya que, durante el 2021, tan solo en el mes de junio por lo menos 521 personas que forman parte de 127 familias fueron obligadas a marcharse de sus comunidades debido a los enfrentamientos armados entre grupos antagónicos del crimen organizado, ocurridos los días 23 y 24 en Guadalupe y Calvo.
Además, en agosto 50 familias (promedio de 3 personas cada una) tuvieron que huir de Valle de Zaragoza a las que se sumaron 20 víctimas de Baborigame. ¿La razón del desplazamiento? La misma de antes: la violencia.
La situación se replicó durante septiembre y octubre en diversas comunidades de Guadalupe y Calvo, de donde huyeron por lo menos 76 personas luego de que se registraran homicidios y quema de viviendas.
Por otra parte, desde las rancherías ubicadas entre los municipios de Guadalupe y Ojinaga, también tuvieron que huir por lo menos 10 personas.
Algunas de las víctimas de Guadalupe y Calvo, se reunieron con autoridades en julio de 2021 en busca de apoyo para continuar con su vida, tratar de recuperar su patrimonio y volver a su lugar de origen. No hubo solución positiva.
A pesar de que la Comisión de Atención a Víctimas y la Comisión Estatal para los pueblos indígenas firmaron convenios para “reasentar” a los afectados, a la fecha muchos siguen esperando una respuesta, que permanece “congelada” en algún punto al igual que la iniciativa de Ley.
En este escenario, la delincuencia sigue operando.
Eventos de desplazamiento que la Cmdpdh registró en Chihuahua de enero a octubre de 2021
Marzo
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) informó que se habían atendido a 525 víctimas de desplazamiento interno forzado de 2017 a esa fecha. De estas, 292 eran mujeres, es decir, el 56 por ciento. Además, el 35 por ciento de las víctimas eran Rarámuris o Tepehuanes. En cuanto al municipio de origen, el 71 por ciento eran de Guadalupe y Calvo y el resto de Uruachi, Saucillo, Balleza, Madera y Cuauhtémoc. Hasta ese momento, durante 2021, la Comisión había registrado a 43 víctimas de desplazamiento.
Abril
A principios del mes, se reportó que en marzo un tribunal aprobó una sentencia histórica que, además de condenar al asesino de Julián Carrillo, defensor de los bosques, y de su hijo Víctor, determinaba que el Estado mexicano falló en brindar protección a los defensores del territorio y ahora debía garantizar las condiciones para que las familias que fueron obligadas a desplazarse tuvieran un regreso digno y seguro a su comunidad. El asesinato de Julián se dio en el marco de la violencia en la comunidad de Coloradas de la Virgen, en Guadalupe y Calvo, la cual ha resultado en el asesinato de al menos 10 defensores del territorio y provocado el desplazamiento de al menos 50 familias.
El entonces Gobernador Javier Corral declaró que no se podía garantizar el retorno de los desplazados por la violencia de la Sierra Tarahumara, pues no existían condiciones de seguridad y el gobierno estatal no contaba con un estado de fuerza suficiente.
Mayo
Un hombre que había sido desplazado desde noviembre de 2018 fue asesinado en Delicias, donde vivía. Originario de Chínipas, se vio obligado a huir del municipio tras el asesinato de cinco miembros de su familia, sabiendo que su vida también se encontraba en riesgo.
Tres gobernadores tradicionales de la comunidad rarámuri de Mogótavo, en Urique, fueron denunciados por el delito de despojo agravado por ocupar sus tierras ancestrales, que fueron comercializadas sin respetar los derechos y voluntades de la comunidad. Según el asesor jurídico de los gobernadores, el grupo de empresarios que interpuso la denuncia pretendía desplazar a 300 personas de 80 familias de la comunidad.
Junio
En junio ocurrieron dos eventos adicionales a los ya reportados. El primero en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, donde 521 personas de 127 familias de las localidades de Santa Rita y San Jerónimo se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a los enfrentamientos entre dos grupos armados ocurridos entre el 23 y 24 de junio.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) y la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas firmaron un convenio para realizar acciones en materia de vivienda y reasentamiento de personas desplazadas internamente.
El municipio de Guadalupe y Calvo planeaba firmar un convenio similar con la CEAVE para apoyar a 13 familias indígenas desplazadas en el mejoramiento de sus viviendas.
Julio
En la Sierra Tarahumara se ha reportaron incendios provocados por grupos armados de los cárteles de Juárez y Sinaloa que intentaban apoderarse de la tala ilegal. Desde 2014 estos grupos han provocado desplazamientos y asesinatos de líderes comuneros en la región.
Agosto
Se registraron dos episodios de desplazamiento. El primero ocurrió en la localidad de San Felipe de Jesús, municipio de Valle de Zaragoza, donde la violencia generalizada ocasionada por el crimen organizado provocó la huida de 50 familias. El segundo sucedió en Baborigame y otras localidades cercanas en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde por lo menos 20 personas indígenas tuvieron que desplazarse tras la quema de sus viviendas y el despojo de sus tierras.
Septiembre
Durante este mes también se reportaron desplazamientos. 56 personas de las localidades de Santa Cruz, Puerto Amarillo, y Los Ángeles, en el municipio de Morelos, y de Sahuare y Sitanachi, en el municipio de Guadalupe y Calvo, fueron violentamente desplazadas por un grupo armado tras el asesinato de un familiar y agresiones directas como el robo de pertenencias, la quema de sus casas y agresiones sexuales.
En conferencia de prensa en el Senado de la República, integrantes de 23 familias desplazadas entre 2014 y 2016 de las comunidades de El Manzano, en Uruachi, y de Monterde, en Guazapares, denunciaron que los delitos cometidos en su contra —que incluyen el asesinato de tres familiares— continuaban en impunidad, que las medidas de atención de las autoridades estatales y federales habían sido insuficientes y que no se les habían garantizado las condiciones para retornar a sus hogares.
Ante la omisión de las autoridades, las familias recurrieron al Poder Judicial de la Federación e interpusieron amparos en contra de autoridades estatales y federales. Como resultado de este proceso, los días 7 y 25 de octubre se realizaron audiencias constitucionales donde los jueces tendrían que pronunciarse sobre la reparación integral del daño, acceso a la justicia, condiciones de seguridad para el retorno, medidas de restitución del patrimonio y medidas de no repetición. Las familias pedían al gobierno pacificar la sierra de Chihuahua, ya que cientos de núcleos han sido obligadas a desplazarse por la violencia generada por grupos criminales dedicados a la siembra de droga y a la tala ilegal.
El nuevo Fiscal del Estado anunció la implementación de una estrategia conjunta de las fuerzas de seguridad para solucionar el desplazamiento forzado en la zona serrana. La estrategia contemplaba utilizar los cuarteles abandonados de la región y rehabilitarlos para que el Ministerio Público, la Agencia Estatal de Investigaciones, la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y el Ejército pudieran establecerse en la zona para identificar, ubicar y detener a los generadores de violencia que están provocando desplazamientos.
Octubre
A finales del mes, al menos 20 personas de la localidad de Rincón de Alisos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, tuvieron que desplazarse con el apoyo de fuerzas de seguridad pública tras la incursión armada de un grupo criminal.
Habitantes del ejido El Porvenir, en el municipio de Praxedis G. Guerrero, reportaron la llegada de varias personas —en su mayoría adultos/as mayores— que se han visto obligadas a desplazarse de sus rancherías en la zona conocida como Valle Bajo, entre los municipios de Guadalupe y Ojinaga, debido a la actividad de grupos criminales que buscan utilizar sus propiedades para el tráfico de personas.
En 2020, el crimen organizado sembró el terror en 5 municipios
Según el informe sobre episodios de desplazamiento forzado 2020, generado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos -CMDPDH-, en ese año hubo por lo menos 933 personas desplazadas de 5 municipios a raíz de la violencia generada por grupos armados, principal razón para el desplazamiento masivo.
El primer episodio se registró el 17 de enero de 2020 en el municipio de Madera. Tras una incursión armada, 40 personas fueron desplazadas de las comunidades Las Pomas y Las Pomas de Abajo. Durante las primeras horas de ese día, una carava de 50 camionetas, con 150 personas armadas con rifles de asalto atacaron dichas comunidades. Los habitantes huyeron al Ejido El Largo, ubicado a 5 kilómetros de distancia, y a la cabecera municipal.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los sujetos armados quemaron 7 autos y 22 viviendas que presuntamente eran utilizadas como casas de seguridad por el grupo contrario. Además, se reportaron varias personas privadas de la libertad durante el ataque.
El segundo episodio tuvo lugar en septiembre de 2020 en los municipios de Ocampo, Moris y Guachochi. Al menos 693 personas pertenecientes a 200 familias -en su mayoría indígenas- fueron forzadas a desplazarse por los grupos criminales que se disputan la zona para el trasiego y siembra de droga.
En Moris los campesinos solicitaron ayuda y presencia de los militares en la zona ya que tuvieron que abandonar sus casas y animales luego de un enfrentamiento entre grupos armados. Denunciaron que los enfrentamientos ocurrían desde 2018 y que durante los eventos ocurridos la primera semana de septiembre de 2020, hubo homicidios, secuestros, quema de casas y negocios, así como desplazamientos de cientos de personas que huyeron hacia Sonora. En Ocampo y Bocoyna se reportaron también homicidios, desapariciones y quema de viviendas por hombres armados.
El tercer episodio se dio entre el viernes 20 y sábado 21 de noviembre de 2020 en el municipio de Maguarichi. 200 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares después del enfrentamiento entre grupos armados. Según testigos, tan solo la noche del 19 de noviembre, las detonaciones de armas de grueso calibre de mantuvieron cerca de dos horas.
Los habitantes tuvieron que atrincherarse y pedir auxilio. Tras la llegada de las fuerzas de seguridad, una caravana de al menos 60 vehículos, cargados de equipaje y otros artículos, se trasladó a otras regiones.
Causas del desplazamiento: homicidio, despojo, robo, fraude, daños, amenazas, lesiones, desaparición y privación de la libertad.
Según cifras de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, al cierre del primer semestre del 2021 sumaban un total de 545 personas en condición de desplazamiento forzado. Aún faltaba contabilizar los estragos de eventos posteriores.
El reporte de la dependencia indica que eran 233 hombres y 312 mujeres desplazadas por la violencia en el estado en donde se incluían 43 personas de origen rarámuri, 139 Ódamis, 362 mestizos, y 1 menonita.
El documento establece que las causas asociadas a estos desplazamientos están los delitos denunciados de homicidio, tentativa de homicidio, despojo, robo, robo de vehículo, fraude, daños, amenazas, lesiones, desaparición y privación de la libertad. A lo anterior se suman personas que no denunciaron un delito, en cuyos casos dijeron haber salido de su contexto de violencia e inseguridad en el que percibían que su vida o la de algún miembro de su familia, estaba en riesgo.
En lo que respecta al lugar de origen de las víctimas, la mayoría eran de municipios enclavados en la sierra de Chihuahua aunque también se tomó nota de afectados provenientes de Durango.
De esta forma, de las cifras presentadas en ese momento: 3 Personas provenían del Municipio de Pueblo Nuevo, Durango, 7 de Los Lirios, Durango y 11 de Guanaceví, también en Durango. 382 eran del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, 4 de Guazapares, 43 de Uruachi, 9 de Cuauhtémoc, 29 personas de Balleza, 35 de Saucillo, 11 de Madera y 11 más de Morelos.
Las principales localidades de destino de las personas en situación de Desplazamiento Forzado eran: Chihuahua capital con 117 casos, la comunidad de Baborigame en el municipio de Guadalupe y Calvo, con 142 casos. Hidalgo del Parral con 239 casos, 4 personas emigraron a la localidad de Huejúcar, Jalisco, 16 a Aguascalientes, 14 optaron por Delicias, 5 por El Vergel, municipio de Balleza y 8 eligieron Camargo, Chihuahua.
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TOTAL DE PERSONAS DESPLAZADAS AL 30 DE JUNIO 2021
Hombres…233
Mujeres…312
Rarámuri…43
Ódami…139
Mestizos…362
Menonitas…1
Total…545 personas