De acuerdo con este organismo, se catalogan como hechos atroces el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo uso de la fuerza para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.
En lo que respecta al estado de Chihuahua, durante el año pasado hubo al menos 30 masacres, 113 casos de tortura, 30 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 14 fosas clandestinas, 16 mutilaciones, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, 16 calcinamientos, siete asesinatos de niñas, niños y adolescentes, dos asesinatos de defensores de derechos humanos, un asesinato de personas de grupos vulnerables, dos asesinatos de actores políticos, seis asesinatos de funcionarios y actores de relevancia y un caso de terrorismo.
Además, se contabilizaron cinco violaciones agravadas, un hecho de esclavitud y trata, ocho violencias contra migrantes, doce actos violentos contra la autoridad y dos jornadas de violencia, dando un total de 266 eventos con 456 víctimas.
HECHOS QUE DESTACAN EN CHIHUAHUA
Entre los hechos violentos que se destacan en el estado de Chihuahua se encuentra el asesinato de sacerdotes jesuitas, un guía de turistas y un joven en la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique, a manos del líder criminal José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, el 20 de junio de 2022.
En días pasados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó una resolución mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de once jesuitas de Cerocahui.
«(Los jesuitas) han sufrido amenazas y agresiones por parte de grupos del crimen organizado, lo que les impide desarrollar normalmente las actividades pastorales y de apoyo a las comunidades en la zona», expone la CIDH en un comunicado.
El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador asegura haber reforzado las medidas de seguridad en la región de Chihuahua, pero la CIDH estimó que «no se estaría implementando un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger» a los jesuitas. Además, está “El jueves negro”, ocurrido el 11 de agosto en Ciudad Juárez, durante el cual se registraron numerosos ataques armados, vehículos incendiados y bloqueos carreteros en diversos puntos, luego de una riña dentro del Centro estatal de Reinseción Social (Cereso) No. 3
Este hecho, enlutó a 11 familias y generó una gran conmoción por la ola de violencia vivida esa tarde noche.
INCREMENTARON UN 17% EN 2022 EN EL PAÍS
A nivel nacional, hubo un promedio de 17 atrocidades diarias durante 2022, siendo mayo el mes con mayor número de casos, con al menos 648, seguido de octubre, con 607. En comparación con el 2021, la incidencia de hechos atroces tuvo un incremento de casi el 17 por ciento, pasando de 5 mil 334 a 6 mil 217 eventos.
El desglose mes por mes es el siguiente: durante enero se registraron al menos 441 notas sobre 507 hechos atroces y 1,159 víctimas. En febrero, hubo 329 notas que reportaron 387 eventos y 639 víctimas. En marzo, se generaron 477 notas sobre 553 atrocidades que dejaron 1,117 víctimas.
Durante abril, se registraron al menos 423 notas con 493 hechos y 635 víctimas. En mayo, fueron 538 notas, 648 atrocidades y 874 víctimas. En junio se acumularon 450 notas, 535 atrocidades y 1,039 víctimas. En julio, se registraron 425 notas, 497 atrocidades y 958 víctimas. En agosto hubo 461 notas, 515 atrocidades y 697 víctimas. En septiembre se contabilizaron 465 notas, 539 atrocidades y 1,023 víctimas.
En octubre hubo por lo menos 507 notas, 607 eventos y, al menos, 956 víctimas. En noviembre se registraron 381 notas, 450 atrocidades y 855 víctimas. En diciembre se recopilaron 420 notas, 486 hechos y 847 víctimas.
El reporte anteriormente mencionado, también resalta que, el asesinato de mujeres con crueldad extrema es la tercera atrocidad que más se registró en el país con, al menos, 801 casos, un promedio de 67 al mes.
De igual forma se acumularon al menos 359 asesinatos de niñas, niños y adolescentes, en promedio 30 niños al mes.
Así mismo, en el informe se hacen una serie de propuestas en las que se encuentran que: cada ciudadano y cada comunidad tiene la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y al federal la resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas y que son indispensables las aproximaciones sociológicas que trasciendan los enfoques meramente policiacos, que permitan la comprensión de las realidades locales.
Además se señala que, es importante fortalecer los programas del sector salud e incluir de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional; además de dotar de presupuesto, medios técnicos y humanos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de Búsqueda a n de garantizar servicios esenciales y atención jurídica y económica a las víctimas de violencia.
Este documentó llama también a generar alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y gobiernos a fin de colaborar en la construcción de programas y proyectos de seguridad de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país.
Descuartizados, calcinados y fosas clandestinas, también figuran en la lista negra