Lo anterior fue revelado por un oficial estadounidense y otro mexicano, quienes advirtieron que el acuerdo no está finalizado y que el presidente Donald Trump pudiera no aceptarlo.
Frente a la amenaza de Trump de imponer aranceles crecientes a los productos mexicanos a partir del lunes, los mexicanos se comprometieron a desplegar hasta 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la región fronteriza de su país con Guatemala: una muestra de fuerza que, dicen, reducirá de inmediato el número de centroamericanos rumbo a la frontera de EU.
Los entrevistados dijeron que sus países están negociando un amplio plan para revisar las normas de asilo en toda la región, una medida que obligaría a los centroamericanos a buscar refugio en el primer país extranjero al que ingresan después de huir de su país de origen.
Bajo tal plan, Estados Unidos deportaría rápidamente a México a los solicitantes de asilo guatemaltecos que ponen un pie en el suelo norteamericano. Y Estados Unidos enviaría a los solicitantes de asilo hondureños y salvadoreños a Guatemala, cuyo Gobierno sostuvo conversaciones con el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, la semana pasada.
Los migrantes de Centroamérica que expresan su temor a la muerte o la tortura si son enviados de regreso a sus países de origen, serán entrevistados por un oficial de asilo norteamericano para determinar las probabilidades de que ocurra tal daño: un estándar de detección más alto, con una mayor probabilidad de rechazo que los procedimientos actuales.
México ha dicho repetidamente que no aceptará el tipo de acuerdo de “tercer país seguro” que Estados Unidos tiene con Canadá, un pacto que requiere que los solicitantes de asilo soliciten refugio en el país al que lleguen primero, ya que ambos son considerados seguros. Pero el funcionario mexicano dijo que su Gobierno está dispuesto a hacer cambios de asilo por un enfoque regional coordinado.
Los negociadores mexicanos también han dejado claro que retirarán sus ofertas de la mesa si Trump impone los aranceles, precisando a EU que el daño económico socavaría la capacidad de México para costear una aplicación migratoria más estricta.
Los funcionarios mexicanos y estadounidenses describieron el acuerdo bajo condición de anonimato, citando la sensibilidad de las negociaciones internacionales, pero expresaron su optimismo de que el acuerdo era alcanzable. Dijeron que no sabían si los términos aplacarían a Trump y se cancelaría la amenaza arancelaria. Trump planea cobrar una tarifa del 5% a los productos mexicanos, a menos que el país pueda demostrar que tomará medidas para reducir el flujo de migrantes que llegan a la frontera estadounidense.
Es probable que las modificaciones al asilo enfrenten desafíos en los tribunales federales de EU, pero los esfuerzos legales aún tienen que impedir que la administración Trump retorne a miles de centroamericanos a México para esperar sus audiencias de asilo fuera del territorio estadounidense.
La noticia del acuerdo emergente se produce en medio de crecientes advertencias sobre el costo potencial de los aranceles. Según Grupo Perryman, una consultoría económica en Waco, Texas, se eliminarían unos 406 mil empleos a nivel nacional si el presidente procediera con las medidas.
Implementar los nuevos gravámenes será imposible “antes del 10 de junio o incluso antes del aumento previsto para el 1 de julio”, advirtió el Consejo de Agentes de Aduanas y Agentes de Carga de la Costa del Pacífico en una carta a los funcionarios de la administración, expresando una “grave preocupación, incluso alarma” ante la sola perspectiva de los aranceles.
México le ha dicho a Estados Unidos que el despliegue de su Guardia Nacional, junto con las promesas de construir más centros de detención de migrantes y puestos de control para atrapar a los centroamericanos e impedir su paso, reducirá rápidamente los flujos migratorios a los niveles del otoño pasado, cuando las detenciones promediaron alrededor de 60 mil al mes.
Funcionarios de Estados Unidos le han dicho a México que eso no es suficiente, aclarando que la Casa Blanca estará satisfecha solamente con un regreso a las cifras que tuvieron en los primeros meses de gobierno de Trump, cuando los arrestos cayeron por debajo de los 20 mil, el más bajo nivel en medio siglo.