El martes, en la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen para reformar el Código Penal a nivel federal y así incrementar las penas máximas a quienes cometan feminicidio, sin embargo, esta medida no ha reducido la incidencia de este delito en los estados de la República en donde ya se ha implementado.
De hecho, en las entidades donde se dan las sanciones más altas en contra de este delito es en donde también hay un mayor número de casos, de acuerdo con cifras oficiales de mujeres asesinadas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) entre el 2015 y el 2018.
El Pleno de la Cámara Baja aprobó el proyecto a partir del cual se incrementarían las penas máximas de prisión de 60 a 65 años a quienes cometan el delito de feminicidio y establece que la mínima sería de 45 años. Este dictamen fue enviado al Senado de la República, donde deberá ser analizado, modificado y eventualmente ratificado para que la sanción sea completa.
Los diputados aprobaron esto bajo el argumento de que no se ha logrado una disminución en los casos feminicidios a lo largo del país, pues en el 2018 hubo más de 3,000. Cabe mencionar que esas cifras contemplan todos los asesinatos violentos y no sólo los que las fiscalías reconocieron como feminicidios.
En este sentido, según datos del Inegi, la cifra de mujeres asesinadas de manera violenta en México creció un 57%, pues en 2015 fue de 2,383 víctimas, el siguiente año fue de 2,813, para el 2017 fue de 3,430 y en el 2018 fueron 3,752 casos, lo cual suma un total de 12,378 mujeres asesinadas en cuatro años.
El Estado de México, por ejemplo, esa la entidad con el mayor número de asesinatos del país (1,752 mujeres entre el 2015 y el 2018), y también es la demarcación en donde se tiene la pena más alta (70 años de prisión) desde que se tipificó el delito de feminicidio.
Un caso similar fue el de Guanajauato, donde el castigo también se modificó a los 60 años en 2015, pero no ayudó a frenar la ola de violencia en contra de las mujeres, pues entre ese año y el 2018 se acumularon 809 asesinatos, lo cual equivalió a un crecimiento del 238 por ciento.
Cabe mencionar que Zacatecas vio un aumento de la sanción por el delito de feminicidios en 2016, cuando la pena máxima pasó de 30 a 60 años. Sin embargo, esto no representó una disminución en la incidencia del delito, ya que mientras en 2015 se registraron 24 mujeres asesinadas, para el 2018 se contabilizaron a 204, lo cual significa un crecimiento del 333 por ciento.
Únicamente en cuatro entidades (Sinaloa, Sonora, Chiapas y Coahuila) del país disminuyeron los asesinatos de mujeres durante ese periodo y fueron estados donde no se han elevado las sanciones. En Coahuila, por ejemplo, estos se redujeron a la mitad y en ese estado se tiene una de las penas menos severas en cuanto al feminicidio, pues ésta va de 20 a 50 años de cárcel.
De acuerdo con una entrevista que María de la Luz Estrada, coordinadora Ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, le concedió al portal Animal Político, la iniciativa de incrementar los castigos es inútil, pues no existe una correlación entre ambos elementos de la ecuación y el problema real respecto a este asunto versa en «la impunidad, la cual es propiciada por la falta de investigación”.
Más bien, comentó Estrada, se deben revisar las condiciones en las cuales operan cada una de las fiscalías locales, así como los protocolos con los que trabajan y las carencias que padecen, pues son estas instancias a las que les corresponde la resolución de los feminicidios.
Por su parte, la diputada federal Ana Lucía Riojas, quien votó en contra de la iniciativa de reformar el Código Penal, comentó a través de un video en su cuenta de Twitter que tomó esta determinación, pues considera que la medida no sirve, debido a que no atiende el origen de la violencia contra la mujer.