Los amparos para tener inscripción gratuita en la UACH el semestre pasado fueron apenas 60, mientras que en el actual suman mil 050, lo que representa un incremento de mil 650 por ciento entre un ciclo y otro, de acuerdo con los datos del área jurídica de la institución. Ante ello, el rector Luis Rivera Campos, dijo que la Universidad Autónoma de Chihuahua habrá de acatar lo que dicte la justicia federal en esta materia, pero consideró preocupante todo lo que están perdiendo los jóvenes que recurren al amparo, pues la clases ya comenzaron y la regularización es muy complicada, al llevar semanas de atraso en su formación.
Estamos en manos de la justicia federal, pero nos preocupa la formación de los jóvenes amparados. Haremos lo que nos dicte el Poder Judicial Federal, sin embargo, lo más complicado es la situación que enfrentan esos alumnos, que no van al mismo ritmo que los jóvenes que pagaron su inscripción normal”, declaró el rector.
Explicó que el problema de fondo tiene que ver con la reforma constitucional de 2019 que estableció la gratuidad de la educación superior, pero que en los hechos ha sido inaplicable debido a que el Gobierno federal no ha previsto la forma de destinarle a las universidades públicas los recursos necesarios para que no deban cobrar las inscripciones de la forma normal en que lo han hecho por décadas.
La misma reforma establecía una gradualidad para llevar a la práctica esta gratuidad, de tal forma que en un primer momento se crearía un fondo presupuestal por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para esta transición. Dicho fondo no ha sido creado, señaló.
Posteriormente, en un primer año las instituciones serían dotadas de la mitad de los ingresos que representarían las inscripciones gratuitas y un segundo año serían entregados los recursos restantes, para continuar con esa operación sin afectar los presupuestos universitarios, que como en todas las entidades públicas son limitados.
Pero, dijo, si no ha sido creado el fondo primero, menos se ha cumplido con la disposición que obligaba a la gratuidad, a la vez que ordenaba al Gobierno federal a realizar las previsiones presupuestales correspondientes.
Esto ha llevado, indicó, a que en materia financiera tenga un impacto la presentación de los juicios de amparo por parte de los estudiantes, hasta ahora superior a los cuatro millones de pesos, pero todavía sin poder estimarse la totalidad de la afectación dado que siguen llegando notificaciones de alumnos que han optado por esa vía.
Preocupa más la formación académica
Al margen del aspecto financiero, Rivera Campos manifestó que su preocupación principal es la formación académica de los estudiantes que han recurrido al amparo, pues por los trámites y las complicaciones que han generado a los procesos administrativos internos de la UACH, han perdido tiempo valioso del semestre.
La Universidad, señaló, tiene que validar académica y administrativamente el curso de esos alumnos, que ya con el semestre avanzado, porque las clases comenzaron desde enero, es posible que hayan perdido clases, talleres, prácticas, tareas, cuando ya están en puerta las primeras evaluaciones.
Los grupos donde están esos alumnos, a la vez, no pueden detenerse, pues llevan un calendario de trabajo y labores que los profesores no pueden repetir si faltan algunos estudiantes por grupo, además de que también tienen labores administrativas que atender en cuanto a los procesos que se realizan en materia educativa, como las evaluaciones, entrega de calificaciones y demás.
Otro aspecto preocupante es que algunos estudiantes hayan sido convencidos por los abogados promotores de los amparos, de que recurrir a esa vía no les acarrearía consecuencias negativas, como ese tiempo entre la presentación de los recursos jurídicos, su resolución en los tribunales y la debida inscripción en la UACH.
Además, comentó Rivera, está el hecho de que algunos alumnos no comunicaron a sus papás de los amparos y les hicieron creer que ya estaban inscritos, porque así lo promovieron los abogados, enfrentándose a reclamos de los mismos padres, cuando se dieron cuenta de que la inscripción en realidad está retrasada por el proceso administrativo que conlleva esa vía jurídica.
Un caso especial, comentó Rivera, fue el de una señora que acudió a la UACH porque su hijo no estaba inscrito, dado que había sido de los que buscaban el amparo, y le urgía atención médica con el seguro del que disponen obligatoriamente todos los estudiantes, pero no podía utilizarse porque era imposible hacer la inscripción hasta que lo dispusiera un juzgado.
Señaló que estos casos son delicados, pero es la normatividad de la misma universidad y de las instituciones de salud, para el caso de la atención médica de los alumnos, la que obliga a tener constancia del trámite de inscripción. Por ejemplo, Pensiones Civiles del Estado requiere semestralmente evidencia de que los hijos de sus derechohabientes, los mayores de 18 años y menores a 25 que estén estudiando, demuestren su carácter de alumnos regulares en el nivel superior.
Adicionalmente, señaló, los jóvenes amparados perdieron la oportunidad de una beca del municipio de Chihuahua por no estar inscritos, que son apoyos de más de cinco mil pesos, más que el costo de inscripción que tratan de evitar; de la misma forma, ya venció el plazo para becas que otorga la misma UACH, mediante 11 programas de apoyo, a los que pudieron recurrir los estudiantes que no tuvieran recursos, en vez de recurrir a los amparos.
Ante esta situación, el rector insistió en que es riesgoso que los jóvenes alumnos sigan dejándose llevar por la euforia de los abogados que les pintan un escenario color de rosa, pero que en realidad los hace perder tiempo valioso de su formación.
Además, negó categóricamente que los docentes de la Uach deban dar clases sin recibir un sueldo. Y es que ante el costo que ha tenido los amparos de gratuidad de más de mil alumnos que asciende a los más de 4.5 millones de pesos, por medio de redes sociales y distintos medios los alumnos han solicitado que sean los profesores los que asuman este coste y no otro tipo de actividades como sucedió en la facultad de Ingeniería donde se han suspendido actividades de campo.
“El golpe económico es fuertísimo y el comentario que se hace por algunas voces que promueven los amparos en el que dicen que esa gratuidad debe transmitirse en que los maestros ejerzan su profesión de manera gratuita de una vez les digo categóricamente que no. Esa gratuidad nunca va a afectar a los maestros y que no tienen porque pronunciarse porque los maestros deban trabajar gratis. Ellos tienen un trabajo digno, son una parte importante de la universidad y merecen recibir un sueldo”, puntualizó.
Añadió que actualmente el proceso está en la etapa de notificaciones y este continuará hasta el día 28 de febrero. Sin embargo, manifestó que los jóvenes amparados no han completado su proceso de inscripción y las clases iniciaron desde hace un mes y ya se aproximan temporada de evaluaciones.
También dijo que los jóvenes no han aparecido en las listas por no haber completado su proceso de inscripción lo que pondría en riesgo la validez de su semestre.
“Estamos sumamente preocupados por eso pero estaremos atentos a las indicaciones que las autoridades judiciales federales, el juzgado de distrito según sea el caso nos ordene”, dijo.
Con información de: El Diario de Chihuahua