Fueron poco más de dos mil empresas, entre ellas tiendas de abarrotes, tortillerías, madererías, constructoras, compañías mineras y de transporte, entre otras, las que obtuvieron la cancelación de sus multas y adeudos en un periodo de octubre de 2016 a octubre de 2018.
La empresa que recibió la cancelación de adeudos más grande fue la empresa Bomeo Alfa del Norte, S. A de C. V., por una cantidad de 158 millones 797 mil 494 pesos.
Esta persona moral había sido declarada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una empresa con operaciones inexistentes, o fantasma, el 16 de mayo de 2017, posteriormente su estatus definitivo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de mayo de ese mismo año.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, en respuesta a una solicitud de información, con número de folio: 120972018, Bomeo Alfa del Norte obtuvo la cancelación de sus adeudos en 2017.
La segunda empresa que obtuvo el mayor monto por la cancelación de sus adeudos fue Global Trade Market, S. A. de C. V., por 124 millones 933 mil 460. La Secretaría de Hacienda ‘perdonó’ sus deudas en 2017. Sin embargo, obtuvo otras dos multas ‘perdonadas’ por 49 millones de pesos cada una.
Por otra parte, fue Operaciones Littce, S. A. de C. V., mejor conocida por su nombre comercial Little Caesar’s, una cadena de comida rápida de pizzas económicas, la que obtuvo en 2017 y 2018 las mayores condonaciones de multas por una suma de 5 millones 625 mil 54 pesos.
El año pasado, la Secretaría de Hacienda canceló 50 millones 600 mil 731 pesos en adeudos de la empresa maderera Corporación Chipinque, S. A. de C. V. Esta maderería estuvo involucrada en incendios a gran escala y operaciones ilegales en la ciudad de Chihuahua, por no contar con permiso de uso de suelo.
El primer siniestro ocurrió el 22 de junio de 2011, cuando el fuego consumió la maderería en su totalidad y las llamas, que alcanzaron los 30 metros de altura, se llevaron consigo a siete viviendas y un vehículo.
El incendio ocasionó daños materiales millonarios.
El segundo siniestro ocurrió el 9 de mayo de 2014. Las viviendas de los vecinos de la colonia 3 de Mayo, donde se encontraban las instalaciones de la Corporación Chipinque, fueron dañadas por el siniestro y los moradores de las casas tuvieron que desalojarlas.
Bertha Alicia Rodríguez, representante vecinal de la colonia, exigió el retiro definitivo de la maderería. “Como vecinos hemos aguantado mucho, pero ya es hora de que esto termine porque no sólo es el fuego, sino también el
aserrín que a diario se genera y nos perjudica bastante. Ya es la segunda vez, ¿qué vamos a esperar, la tercera?”, dijo.
A pesar del antecedente de dos incendios y la orden de clausura del Municipio, la maderería promovió un amparo federal en 2014 contra dicha medida y reinició sus operaciones. Corporación Chipinque no contaba con un permiso de uso de suelo desde 2008. El amparo, con número de expediente 618/2014 fue promovido el 20 de mayo de 2014 contra cualquier orden de clausura o cierre, pero el caso se sobreseyó el 4 de agosto de 2014.
La maderería fue clausurada de forma total días después del sobreseimiento del amparo federal. Para su cierre definitivo, debieron intervenir policías municipales, puesto que los Guardianes Ecológicos del Departamento de Desarrollo Urbano, así lo solicitaron, toda vez que los responsables del lugar se resistieron a la clausura y esto derivó en un conflicto que duró un par de horas. Finalmente, las puertas del lugar se sellaron y fue desalojado por las autoridades ya mencionadas.
A pesar de la clausura, un tercer incendio ocurrió el 5 de mayo de 2015, cuando el predio de la Corporación Chipinque volvió a arder.
Antonio Domínguez Loya, quien aparece como representante legal de la empresa, interpuso en 2017 un amparo con número de expediente 552/2017 en contra de una posible orden de aprehensión.
Sin embargo, el recurso fue sobreseído por el Poder Judicial de la Federación.
La Secretaría de Hacienda fundamentó la cancelación de los adeudos de miles de empresas bajo el artículo 145-B del Código Fiscal Federal, el cual dicta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá eliminar créditos fiscales en la cuentas públicas ya sea por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor.
“Se consideran insolventes los deudores o responsables solidarios cuando no tengan bienes embargables para cubrir el crédito, cuando no se puedan localizar o cuando hubieran fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto del procedimiento administrativo de ejecución”, reza la norma.
El monto de condonación de multas y cancelación de adeudos más alto ocurrió en 2017, por una suma de 994 millones 47 mil 275 pesos. El 2018 siguió con una cantidad de 374 millones 405 mil 478 pesos en un periodo de enero a octubre. Finalmente, 2016 cerró con 18 millones 745 mil 591 pesos en total, desde octubre hasta diciembre.