Abogados de Duarte, preso en Miami desde julio pasado, presentaron el miércoles a la jueza Lauren F. Louis su respuesta al memorando de extradición, documento en el cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió entregar al acusado para que sea procesado en Chihuahua, por cargos de peculado de 96.6 millones de pesos y asociación delictuosa.
Como parte de su respuesta, la defensa presentó tres testimonios que pidió se mantengan bajo sello durante un año, por temor a represalias del actual Gobernador, el panista Javier Corral.
«Estas pruebas son declaraciones de testigos que implican al Gobernador Corral y su Administración en la persecución política de sus rivales, incluidos los esfuerzos de la Administración para forzar testimonios que impliquen a dichos rivales en conductas criminales», explicaron los abogados Juan Morillo, Henry Bell y Armando Rosquete.
La defensa contra la extradición tiene cuatro argumentos básicos.
En la parte técnica, sostiene que la tipificación del delito de peculado en Chihuahua no coincide con la prevista en la ley federal estadounidense, lo que es requisito del Tratado de Extradición, y que el peculado que se imputa a Duarte no existió, pues en 2017, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda resolvió que no había incremento inexplicable en el patrimonio del ex Gobernador.
Además, se alega que el priista Duarte es víctima de una persecución política orquestada por Corral, quien aspira a la Presidencia, y que su vida está en peligro si es encarcelado en Chihuahua, por venganza de la delincuencia organizada.
Sobre este último punto, la defensa menciona el reciente asesinato en Puerto Vallarta del ex Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, así como la muerte en agosto pasado por Covid-19 de Lázaro López Ramírez, ex funcionario del Gobierno de Duarte también acusado por peculado, a quien una jueza local mantuvo en prisión preventiva pese a no ser delito grave.
«La conducta publica de Corral demuestra ampliamente su vendetta contra el señor Duarte», se señala en el documento.
La Fiscalía tiene hasta el 14 de enero para replicar al documento de la defensa, y todavía no hay fecha para la audiencia final del proceso.
La jueza también tiene pendiente resolver una moción de Duarte para desechar la extradición, con el argumento de que los delitos ya prescribieron. La audiencia sobre este tema fue celebrada el 18 de noviembre, pero Louis no ha dictado sentencia.
México solicitó la extradición de Duarte con base en una orden de aprehensión girada en octubre de 2019 por una jueza local de Chihuahua, que acusa al ex Mandatario de desviar 96.6 millones de pesos del erario hacia dos de sus empresas entre 2011 y 2014.
El ex Gobernador fue detenido el pasado 8 de julio, y la jueza negó su solicitud de libertad bajo fianza.