Al menos 222 migrantes enfrentan cargos estatales por participar en “disturbios fronterizos”, en el Condado de El Paso, tras irrumpir de manera abrupta en territorio estadounidense en busca de asilo político, lesionando a agentes de la Patrulla Fronteriza y a soldados de la Guardia Nacional de Texas.

Y aunque un juez magistrado del Condado pidió el Domingo de Pascua, en una audiencia especial, la liberación de 39 migrantes por supuestas irregularidades en su proceso por parte de la Fiscalía de Distrito, no serán liberados a petición del abogado defensor.

De acuerdo con la defensa, en caso de que fuera liberados, los migrantes enfrentarían cargos federales que no sólo los llevarían a prisión, sino que también los volvería inelegibles para recibir beneficios migratorios en un futuro.

Los registros muestran que algunos de los 222 detenidos –incluyendo los 39 a quienes se ordenó darles libertad– también fueron acusados federalmente en relación con una entrada ilegal a los Estados Unidos el 21 de marzo.

Ese fue el día en que un gran grupo de presuntos solicitantes de asilo derribó alambre de púas propiedad del Estado de Texas y se abrió paso a través de una barrera de tropas de la Guardia Nacional del Ejército de Texas, superadas en número.

Los registros de la Corte estatal muestran que siete personas fueron acusadas el jueves pasado de participar en un motín y también de conducta criminal; Junior Evaristo Benítez también fue acusado de agresión a un servidor público. Otros 118 fueron acusados el viernes de participar en un motín, al igual que 97 más entre el sábado y el domingo.

Los registros muestran que muchos de los acusados permanecían bajo custodia en la Cárcel del Condado de El Paso el lunes.

Ciudadanos venezolanos como Omar Alejandro Graterol Colmenares y José Guilarte Acosta también enfrentaron cargos federales. Los dos fueron acusados de entrada indebida por parte de un extranjero, puestos bajo custodia federal por un día además del tiempo ya cumplido, y luego pasados a la custodia estatal para su procesamiento.

Los registros muestran que Graterol estaba detenido con una fianza de $42,000 en el Condado de El Paso por cargos estatales de participación en disturbios y conducta criminal por menos de $30,000; Guilarte tenía una fianza de $57,000 por cargos similares.

Un migrante supuestamente pisoteó las rodillas de un soldado durante el disturbio en la frontera, según documentos.

Según una búsqueda de registros judiciales estatales, siete fueron acusados de participación en disturbios tras una acusación formal el 28 de marzo. Las 50 personas restantes fueron acusadas el 29 de marzo.

Los acontecimientos del 21 de marzo se desarrollaron cuando cientos de inmigrantes se reunieron cerca del muro fronterizo al Sur de El Paso el mismo día en que un tribunal federal suspendió la controvertida ley SB4 de Texas, que otorga a la Policía local autoridad para arrestar a inmigrantes indocumentados.

Los ánimos estallaron y un gran grupo de inmigrantes derribó el alambre de púas colocado por Texas al Sur del muro fronterizo de Estados Unidos e intentó abrirse paso entre las tropas de la Guardia de Texas. Un guardia fue arrojado al suelo y un ciudadano hondureño identificado más tarde como Junior Evaristo Benítez Martínez supuestamente pisoteó repetidamente la rodilla del guardia, según alegan documentos judiciales.

Benítez ha sido acusado de agresión a un servidor público.

Pide defensa no liberarlos pese a orden

El magistrado de la Cárcel del Condado de El Paso, Tony Aun, decidió no disminuir la fianza a 39 migrantes a petición de un defensor público temeroso de perder contacto con sus clientes, quienes pasarían a custodia federal si los jueces locales los “liberaran”. Eso obstaculizaría las posibilidades de luchar contra una condena que no sólo podría enviarlos a prisión, sino que también los descalificaría de futuros beneficios migratorios.

“Hay una retención sobre mi cliente basada en un anticipo de inmigración. Si su señoría lo liberara, en realidad no lo estaría”, dijo Kelli Childress, defensora pública del Condado. “Por lo tanto, solicitamos que permanezca en la Cárcel del Condado porque si fuera a un centro de inmigración, no tendría ningún contacto conmigo”.

El cliente al que se refería Childress es Camilo Alcalá del Arco, una de las 222 personas acusadas en el Condado de El Paso en relación con un incidente del 21 de marzo cerca de la Puerta 36 del muro fronterizo. Un video viral muestra a un gran grupo de migrantes cruzando el Río Grande desde México, derribando la barrera de alambre de púas de Texas y abriéndose paso a través de una línea de tropas de la Guardia Nacional del Ejército de Texas, superadas en número.

El Domingo de Pascua, un juez de El Paso ordenó la liberación de los inmigrantes acusados de participar en el “motín fronterizo”.

Los funcionarios judiciales señalaron que los inmigrantes indocumentados permanecerían encarcelados de haber una retención federal de inmigración que bloqueara su liberación, situación que se dio el lunes.

El juez presidente Humberto Acosta emitió su fallo el domingo 31 de marzo durante una audiencia de fianza por teleconferencia en línea donde acusó a la Fiscalía del Distrito de El Paso de no estar lista para proceder con las audiencias de detención de cada acusado. Se esperaba otra audiencia para más acusados el lunes.

“Es decisión del tribunal que todos los casos de participación en disturbios serán liberados bajo palabra”, ordenó Acosta el domingo.

La Fiscalía de Distrito anunció el lunes que realizaría una conferencia de prensa hoy martes por la mañana para dar a conocer su postura. La fiscal adjunta de Distrito Jennifer Vandenbosch señaló que el Estado estaba preparado para proceder con cada audiencia.

Se espera que en los próximos días se lleven a cabo múltiples audiencias de fianza adicionales en El Paso en relación con el incidente del 21 de marzo.

Por otra parte, el Departamento de Seguridad Pública de Texas anunció el lunes por la noche el arresto de otros cuatro migrantes en relación con actividades de corte de alambre cerca del muro fronterizo el 29 de marzo.

“Destruir propiedad del Estado es un delito. Los responsables serán arrestados y acusados”, tuiteó el DPS. “El DPS arrestó el 29 de marzo a cuatro inmigrantes ilegales sorprendidos cortando alambre (de concertina) e intentando traspasar la cerca de la Puerta 36 en El Paso. Los cuatro ahora han sido acusados”.

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