Durante el argumento presentado en la audiencia de vinculación a proceso, encabezado por el abogado Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, mencionó que César Duarte, durante su ejercicio como gobernador del estado nunca tuvo disposición de recursos económicos, pues no es facultad del Gobernador disponer de ellos, ya que no puede él extraer dinero ni abrir cuentas bancarias.
Agregó que se trata de conductas que realizaron Secretarios, Directores Generales, de Área y otros, más no su representado.
El abogado mencionó que durante toda la presentación de la teoría del caso, solo la testigo Guillermina Márquez es quien supone que el exgobernador es quien había ordenado los testigos, mientras que los demás tales como Francisco Hernández Vega y Jesús Olivas Arzate comentaron que eran los secretarios de Hacienda y el extinto Carlos Hermosillo
Explicaron la forma en que se extrajeron los recursos de las arcas públicas a través de los contratos, pero nunca refieren que fue por instrucciones del exmandatario.
Además pidieron que se anularan las declaraciones de los testigos protegidos, que son ocho en esta carpeta de investigación, pues son “los verdaderos delincuentes”.
“Los verdaderos delincuentes, son los testigos protegidos, y al verse descubiertos optaron por repartir culpas y fueron corrompidos a través de arrebatar declaraciones falsas a través de la violación de derechos fundamentales, es un hecho público las denuncias al integrante del ejecutivo y Fiscalía de la anterior administración”, dijo el abogado.
Ante esto la Defensa del exmandatario pidió que no se le vincule a proceso.
Asimismo solicitó que se nulifique información bancaria que dio a conocer, pues se violó el “secreto bancario”, ya que nunca se obtuvieron estos datos a través de una orden judicial, lo que es contrario a los derechos humanos.
“No distrajo no recibió dinero al carecer de facultades no se advierte un acuerdo previo donde exista un reparto de roles para delinquir y pueda considerarse coautor de ambos delitos si no hay datos de prueba alguno, pues en todo caso el delito se perpetró por diversos servidores públicos quienes eran garantes de los recursos y no nuestro defendido”, finalizó.