Muchos de los indocumentados llevan varios meses intentando regularizar su situación a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración, pero sus procesos han sido dilatorios o los han rechazado.
«No nos dicen nada, sólo vamos a firmar cada semana (a la Comar) y ya. No sé si seguir esperando o irme», dijo Betsabé Medina, una hondureña que lleva tres meses en Tapachula.
Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, aseguró que decenas de migrantes a los que da asistencia legal han externado la posibilidad de integrarse al nuevo éxodo.
El activista, que ha acompañado a caravanas previas, señaló que hay un sentimiento de desesperación entre la comunidad migrante atrapada en la frontera sur debido a la tardanza de los trámites de regularización.
«No les queda otro remedio que sumarse a la caravana porque el Instituto Nacional de Migración y la Comisión de Ayuda a Refugiados sólo les dan largas. Los correos (tardan) seis u ocho meses en llegar. Tenemos (el caso) de una señora (que lleva) un año con su constancia», refirió.
Consideró que hay falta de sensibilidad del Gobierno mexicano y acusó que la política de contención sólo alimenta a la red de traficantes y estafadores.
«Sólo quedan en Tapachula los migrantes pobres, y los que no están en Tapachula es porque pagaron (por sus papeles) al Instituto Nacional de Migración o pagaron a un pollero, a los traficantes de humanos», denunció.
Hasta esta mañana, la vigilancia de la Guardia Nacional y del INM en el río Suchiate, en la frontera con Guatemala, es normal.
El cauce del afluente que divide a ambos países registra un nivel tan bajo que se han formado extensas playas y las personas pueden pasar caminando, pues el agua apenas les llega a las rodillas.
Los balseros que operan en el sitio cruzando mercancías entre las dos naciones han hecho diques de arena y contratado maquinaria para formar canales en los que puedan navegar las balsas hechas de llantas de neumáticos y tablas.