Con 291 votos a favor, 114 en contra y cinco abstenciones la Cámara de Diputados aprobó la tarde de este jueves la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Con la aprobación de la ley, le toca al Ejecutivo a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador promulgarla para que entre en vigor.
Esta ley la la aprobó el Senado el 1 de julio con reservas, así que pasó a la Cámara de Diputados para su discusión.
En resumen la ley permite que las autoridades puedan hacer uso de bienes al extinguir el dominio que tenga alguien que consiguió tales bienes por delitos graves.
📌 #Últimahora Aprobado en lo general y particular, proyecto de decreto que expide la Ley Nacional de #ExtinciónDeDominio y reforma diversos ordenamientos legales. Se turna al Ejecutivo federal.
Conoce en qué consiste esta nueva ley reglamentaria del art. 22 constitucional 👇 pic.twitter.com/2yh4cbMlrM
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) July 25, 2019
Autoridad judicial deberá dar sentencia para que el Estado mexicano pueda hacer uso de los bienes decomisados por ciertos delitos.
Actualmente el gobierno puede decomisar bienes y venderlos, como recientemente ocurrió en subasta federal donde destacaron autos decomisados al narco.
Sin embargo cambia la definición: La extinción de dominio es: “La pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la propia Ley, declarada por sentencia de una autoridad judicial. No conlleva una contraprestación ni compensación”.
Comunicado de la Cámara de Diputados señala: “El dictamen destaca que la extinción de dominio es imprescriptible en el caso de bienes de origen ilícito. Para aquellos de destinación ilícita, dicha acción prescribirá en 20 años. Además, la muerte de quien se hubiera encontrado sujeto a investigación o proceso penal, no anula la extinción de dominio, por lo que las consecuencias subsisten aun contra los herederos”.
Algunos delitos susceptibles a la Extinción de Dominio son: secuestro, crimen organizado, delitos sobre hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos (huachicol); delitos contra la salud (narcotráfico); trata de personas; delitos por hecho de corrupción; encubrimiento; delitos cometidos por servidores públicos; robo de autos; extorsión; y recursos de procedencia ilícita.
Entre las críticas de la ley destaca que temen que el Gobierno de México disponga de recursos por la venta de bienes decomisados.