De acuerdo con la vocera estatal de Coespris, Karina Armendáriz, los procedimientos son canalizados a la Comisión Federal (Cofepris), que es la que decide el sentido de las resoluciones. “Independientemente de que haya resoluciones diferentes a nivel federal, como nosotros no resolvemos, lo único que hacemos es recibir la documentación y mandarla. Ya depende de Cofepris si autoriza o no”, dijo ayer Armendáriz.
“Nosotros como Coespris únicamente recibimos los documentos y los enviamos a Cofepris. Allá en Cofepris es donde se resuelve; ellos generan un folio, ese folio se le da al usuario y éste es quien tiene que estar rastreando la resolución; es decir, nosotros únicamente fungimos como ventanilla”, agregó.
La dependencia fue consultada luego de que, el pasado lunes, la SCJN votó “remover el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorice las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y THC ―como sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar―, con fines recreativos”.
De acuerdo con el comunicado de la SCJN, el fallo derivó de la omisión del Congreso para legislar con respecto a la declaratoria de inconstitucionalidad del sistema de prohibiciones al consumo lúdico de esta sustancia, considerado desde 2015 como “una restricción desproporcionada al derecho al libre desarrollo de la personalidad de los consumidores”.
Así, de acuerdo con el reporte del periódico Reforma, la SCJN autorizó a la Cofepris a expedir los permisos que anteriormente eran otorgados sólo a través de la tramitación de amparos. Ayer, la información de Coespris indicó que este tipo de solicitudes –aun cuando requerían amparo- habían mostrado aumento en el estado de Chihuahua, con 27 peticiones en 2018, 43 en 2019 y 53 en 2020.
Armendáriz insistió ayer en que la dependencia estatal carece de información sobre la forma en la que ha se ha pronunciado Cofepris en cada caso, pero consideró que la resolución de la SCJN podría aumentar el número de solicitudes recibidas.
El trámite
La información proporcionada ayer por Coespris indica que, actualmente, la petición de permiso consiste en acudir a “ventanilla” con original y dos copias del “escrito libre”, o solicitud, dirigido al titular de la Cofepris –doctor José Alonso Novelo Baeza- más copia de identificación oficial vigente.
“Se le informa al usuario que dicho trámite es de competencia federal y que será remitido a Cofepris el original y una copia para acuse de recibo, ya que la Comisión estatal no tiene facultades (…) Se le informa que el plazo para que Cofepris emita resolución del trámite empezará a correr a partir del día siguiente en que fue recibido y sellado por la Comisión federal”, indica lo enviado por Armendáriz. “En caso de que el Centro Integral de Servicios (CIS) de Juárez, Ojinaga, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Delicias, Parral y Camargo, reciban este tipo de solicitudes, deberá remitirlas a Coespris-Chihuahua lo más pronto posible, para posteriormente ser enviadas a Cofepris (…) que remitirá al CIS de Coespris-Chihuahua los acuses de recibo de dichas solicitudes”, agrega. Los datos oficiales mencionan también que, una vez que se ingresó la petición, el acuse de recibo llega a Chihuahua en un lapso aproximado de un mes, y que la respuesta de resolución llega en un período aproximado de dos a seis meses.
Por separado, Simón Tavera, presidente de la Federación Mexicana de Comunidades Terapéuticas y autor de un diagnóstico sobre consumo en Ciudad Juárez, consideró que esta despenalización “aterriza” en un contexto adverso debido a que más del 90 por ciento de la población farmacodependiente no acude a tratamiento y, entre quienes lo hacen, la gran mayoría fracasa. También, dijo, porque esta frontera en particular presenta una proporción de población en situación de dependencia al consumo de sustancias sicoactivas que cuadriplica el promedio nacional. “En el país en general, el promedio es de .6 por ciento de las personas entre 12 a 65 años que cubren los criterios de dependencia; en Juárez es el 2.3 por ciento”, dijo Tavera. “Hay que entender el contexto para saber cuál será el impacto. Si tienes en Ciudad Juárez una estrategia de prevención y tratamiento frágil, que no tiene amplia cobertura, donde la gente recibe pocos programas preventivos, donde la población en situación de dependencia tampoco tiene tratamiento, entonces por supuesto que despenalizar el consumo recreativo aterrizará en un contexto donde la gente no está protegida, no está educada y tampoco es atendida”, agregó.