El mapa especifica, que durante el periodo señalado, en Chihuahua han sido asesinados 104 policías; se han realizado en el estado 2 paros de los elementos; 2 emplazamientos a paro de policías, aunque no se registraron manifestaciones de inconformidad hasta donde se tiene registro.
Los datos denominados “la situación de las policías en México” detalló que la mayoría de los policías asesinados eran municipales con 810 casos, seguidos de los estatales con 629 víctimas mientras que federales se contabilizan 98 en todo el país.
Causa en Común acusó que además de ser un trabajo de alto riesgo, pues la violencia extrema es cada vez más común en México, sus condiciones laborales son de las más precarias, trabajan turnos de más de 24 horas, situación que afecta su salud, carecen de sueldos y prestaciones, además de que no cuentan con capacitación necesaria.
La organización encabezada por María Elena Morera, lamentó que las partidas presupuestales se concentren en las dependencias como la Secretaría de la Defensa nacional, la Secretaría de Marina y la misma Guardia Nacional y no se abona al desarrollo de las policías.
El informe incluso menciona que hace seis años, los sueldos de los cuerpos policiales mostraban un mejoramiento pues se encontraba alrededor de los 15 mil pesos mensuales mientras que en la actualidad algunos uniformados perciben tan sólo 8 mil pesos al mes.
“Los padecimientos más recurrentes son aumento o disminución de peso, irritabilidad, insomnio, ansiedad, nerviosismo y fatiga crónica; mientras que en casos extremos, la tensión llega a generar problemas psicológicos, emocionales o trastornos psiquiátricos severos y, consecuentemente, ausentismo, adicciones, incapacidades y muertes por accidentes o suicidio”, explica el documento.
Martín Sánchez Bocanegra, presidente de la Red Impulsando la Justicia, consideró que existe un abandono hacia estas autoridades, y México está estancado en la mejora policiaca a nivel nacional y tiene un retraso de una década; consideró necesario un censo nacional de policías y un plan nacional de reclutamiento.
“Son víctimas de ataques, de violencia, que atentan contra su integridad y contra sus familias, sin que en la mayoría de los casos las autoridades políticas sientan la más mínima empatía por su actividad de muy alto riesgo”, concluyó María Elena Morera al presentar el Informe.