La mayoría de los decesos documentados por HRW en el informe ocurrieron menos de un año después de que los deportados volviesen a El Salvador, y algunos incluso en cuestión de días. La ONG de derechos humanos confirmó también al menos 70 casos de agresión sexual u otro tipo de violencia.
La violencia subraya el riesgo que enfrenta la gente forzada a regresar por una ley estadounidense que obliga a deportar a las personas sin ciudadanía condenas por una serie de delitos, y las políticas del gobierno de Trump que desaniman a los solicitantes de asilo, señaló Alison Leal Parker, directora gerente del grupo en Estados Unidos.
«Nuestra preocupación es que muchas de estas personas se enfrentan a una sentencia de muerte», señaló Leal Parker.
Entre 2014 y 2018, Estados Unidos deportó a alrededor de 111 mil salvadoreños a su país, que durante mucho tiempo estuvo dominado por la violencia de las maras.
Naciones Unidas reportó el año pasado que los asesinatos en El Salvador, en su mayoría ligados al conflicto de las pandillas, descendieron desde su apogeo de más de seis mil en 2015. Pero el país sigue teniendo una de las tasas de homicidios más alta del mundo.
Mientras, el número de salvadoreños que solicitaron asilo en Estados Unidos creció cerca de un mil por ciento entre 2012 y 2017, y muchos de ellos alegaron amenazas de bandas como motivo. Solo alrededor del 18% recibió protección.
Human Rights Watch confirmó las 138 muertes durante ese periodo a través de los registros oficiales, entrevistas con familias y reportes en prensa, pero cree que la cifra real es mucho más alta, en parte porque algunas no se notifican por el estigma de la deportación. El número de agresiones es probablemente bajo también por la falta de denuncias.
César Ríos, director ejecutivo de la organización civil Instituto Salvadoreño del Migrante, dijo que en el país no se controlan los decesos de deportados, pero apuntó que el dato parece creíble y refleja la realidad de muchos de los que regresas a comunidades controladas por las pandillas.
HRW instó a la Casa Blanca a retirar la política que hace que los solicitantes de asilo tengan que esperar en México, además de los acuerdos que permiten que guatemaltecos, salvadoreños y hondureños sean reubicados en otros países de Centroamérica se resuelven sus casos. También pidió al secretario de Justicia que revoque las restricciones que complicaron la petición de asilo en el país a causa de las amenazas de las maras o la violencia de género.