En la primera y segunda entrega del informe de la cuenta pública, en el estado de Chihuahua se practicaron 17 auditorías en un universo seleccionado de 17 mil 123 millones 996 mil pesos, donde se revisaron 90.0% del recurso y se aplicaron 57 acciones, de las cuales 43 tienen una promoción de responsabilidad que debe ser resuelta por la nueva administración.
Entre las acciones existen 134 señalamientos solventados y 12 en peligro de observación, por lo que hay 563 millones 921 mil pesos sin determinar, lo cual debe ser aclarado en el proceso de la revisión de la cuenta pública.
En las instituciones señaladas se encuentra el Gobierno del Estado con al menos 31 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 5 más del Colegio de Bachilleres, 4 de la Universidad Tecnología de Juárez y otras 3 del Congreso del Estado, de acuerdo a la revisión de la Cuenta Pública de parte de la Auditoría Superior de la Federación.
El Colegio de Bachilleres de Chihuahua tuvo la mayor observación entre el manejo del recurso, con 449 millones 814 pesos, el 100% de la muestra auditada, lo cual se encuentra en una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, luego del ejercicio de la extitular Teresa Ortuño.
Dentro del sector educativo, la Auditoría Federal detectó en el tema de subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Universidades Tecnológicas y Politécnicas), otros cuatro procesos de promoción por 6 millones 134 mil pesos, de los 98 millones que revisó el ente auditor del recurso del 2020.
En el tema de Distribución de participaciones federales, al Gobierno del Estado le fue señalado un recurso por 458 mil pesos, mientras que el Municipio de Chihuahua dentro del mismo rubro tiene una observación por 30 millones 372 mil pesos, de acuerdo al informe publicado por la Auditoría Superior de la Federación.
El total de las observaciones, recomendaciones y promociones serán entregadas al Estado y sus diferentes entes, para que aclaren o demuestren que fueron solventadas, de lo contrario éstas pasarían a las autoridades correspondientes, que pueden conllevar a un proceso administrativo o un proceso penal, según sea cada uno de los casos.