Fue el abogado de César Duarte, Juan Carlos Mendoza quien informó que esta denuncia fue interpuesta este miércoles 23 de marzo, donde por instrucciones de Arturo Fuentes Vélez, el ahora magistrado Gregorio Morales, que trabajaba como funcionario en la Función Pública en el Gobierno de Javier Corral, le ordenaba a la Directora Jurídica de la Secretaría de Hacienda que corrigiera oficios y así, obtener pruebas a modo.
Lo anterior para que en los cambios se señalara que «no se habían encontrado información» relación a los convenios celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Rural con dos asociaciones ganaderas en el estado de Chihuahua, esto para que dichos oficios sirvieran como pruebas para incriminar al exgobernador Duarte como autor y ejecutor del delito de peculado por 96.6 millones de pesos y es lo que causó su detención y posible extradición de los Estados Unidos.
“La simulación de estas pruebas (los oficios corregidos) y la falsedad ante las autoridades por parte de los funcionarios aquí mencionados, generaron la Causa Penal 3041/2019; siendo el delito señalado en esta causa el delito por el que por una parte, se logró concretar la viabilidad del proceso de extradición en contra del Licenciado Duarte y que la Juez Lauren F. Louis el pasado 8 de noviembre en su Certificación de Extradibilidad y Orden de Compromiso resolvió que el Licenciado César Duarte podría ser extraditado a México para enfrentar ante las Autoridades Mexicanas los hechos descritos en una sola Causa Penal, la anteriormente señalada como 3041/2019”, dijo Mendoza a través de un comunicado de prensa.
Mencionó que este procedimiento que pudiera tener sanción económica hasta por 193 millones de pesos, pues está fundado no sólo en la simulación de pruebas y falsedad ante autoridades, sino que al igual que la Causa Penal por la que el Gobierno del Estado pretende extraer de los Estados Unidos al Licenciado Duarte, también está claramente sustentado en violaciones al Debido Proceso y a los Derechos Humanos.
Agregó: “Ahora bien, la probable participación en estos delitos por parte del ahora Magistrado y ex funcionario de la Función Pública quien, dicho sea de paso, en aquel entonces no tenia ningún cargo aparentemente relevante en dicha dependencia, además de haber sido partícipe en los delitos de simulación de pruebas y falsedad ante las autoridades, estos hechos generaron un Proceso Administrativo que también le fue impuesto a nuestro defendido en agosto del año pasado y notificado en la ciudad de Miami a finales de noviembre pasado”.
Mendoza expuso que Gregorio Morales recibió su magistratura posiblemente como un “pago de favores recibidos” al participar en la simulación de pruebas y falsedad ante la autoridad.